En un contexto global donde las tecnologías emergentes avanzan más rápido que las regulaciones, ingresó a la Legislatura de Río Negro un proyecto de ley destinado a establecer un Marco Regulatorio para el Uso Responsable de la Inteligencia Artificial (IA) en el Sector Público Provincial.
La iniciativa, impulsada por la legisladora Martina Lacour y acompañada por los parlamentarios Patricia Mc Kidd, Gabriela Picotti, Santiago Ibarrolaza y Claudio Doctorovich, busca aprovechar las oportunidades de automatización de la gestión estatal sin poner en riesgo los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Un enfoque basado en riesgos
El texto normativo no busca frenar la innovación tecnológica, sino ordenar su aplicación mediante una clasificación por niveles de riesgo: mínimo, limitado, alto e inaceptable.
No es lo mismo un corrector de texto institucional que un algoritmo que interviene en la asignación de un beneficio social, la contratación laboral en el Estado o el otorgamiento de turnos de salud. Para estos últimos casos, considerados de alto riesgo, la ley exigirá una Evaluación de Impacto Algorítmico (EIA) previa y auditorías técnicas independientes cada dos años.
Asimismo, la norma establece la prohibición explícita de usos que vulneren la privacidad o la dignidad, tales como la puntuación social (social scoring), la vigilancia masiva indiscriminada, el reconocimiento facial mediante la extracción masiva de fotos de redes sociales y la toma de decisiones sancionatorias basándose exclusivamente en análisis predictivos.
“La intervención humana debe ser real”
Uno de los ejes más relevantes del proyecto es la garantía de la supervisión humana. La iniciativa establece categóricamente que ninguna decisión administrativa que afecte negativamente a un ciudadano podrá fundarse de manera exclusiva en la recomendación de una IA. El funcionario competente tendrá la obligación legal de verificar los datos, analizar el caso particular y fundamentar la resolución final, pudiendo apartarse del resultado del sistema automatizado.
Paralelamente, para evitar el problema de la “caja negra” en la contratación pública, el Estado rionegrino no podrá contratar sistemas a empresas privadas que impidan auditorías bajo el pretexto de “secreto comercial”. Además, se prohíbe a las empresas proveedoras utilizar los datos de la ciudadanía rionegrina para entrenar o mejorar sus propios modelos comerciales sin autorización expresa.
Registro público y pautas para agentes estatales
De aprobarse la ley, se creará el Registro Provincial de Sistemas de Inteligencia Artificial, de acceso público y gratuito. Allí, la ciudadanía podrá verificar qué organismos usan IA, con qué finalidad, qué tipo de datos procesan y qué grado de supervisión humana poseen.
En cuanto al uso diario por parte de los empleados públicos, el proyecto regula la IA generativa (como redactores o asistentes de texto): prohíbe terminantemente ingresar datos personales o información reservada de expedientes en herramientas abiertas no autorizadas y exige la revisión humana antes de enviar o publicar cualquier documento oficial.
Sin crear nuevas estructuras ni gastos
Para evitar la erogación de fondos o el aumento del gasto público, la iniciativa contempla que el Poder Ejecutivo designe la autoridad de aplicación dentro de un organismo técnico ya existente (vinculado a la transformación digital o la innovación) y prevé la creación de un Consejo Asesor Interdisciplinario integrado por universidades y especialistas que desempeñarán sus funciones de manera ad honorem.
Los sistemas de Inteligencia Artificial que ya se encuentran funcionando en las reparticiones públicas de la provincia dispondrán de un plazo gradual de 180 días para registrarse y hasta 365 días para adecuarse a las nuevas exigencias de impacto y seguridad.
Con esta propuesta, Río Negro busca posicionarse a la vanguardia legislativa en el país, adoptando estándares inspirados en los principios de la OCDE, la UNESCO y la reciente regulación de la Unión Europea.
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