La esposa del presidente español Pedro Sánchez, Begoña Gómez, declaró este miércoles por cuarta vez ante el juez que la investiga desde hace un año y medio por cinco presuntos delitos.
Gomez llegó a los tribunales de Plaza Castilla de Madrid al mediodía y, en apenas 15 minutos, se limitó responder sólo las preguntas de su abogado defensor.
En esta cuarta ocasión, la mujer de Sánchez fue citada por la línea que rastrea el juez Juan Carlos Peinado vinculada a una posible malversación de dinero del Estado.
Peinado, quien preside el juzgado de instrucción número 41 de Madrid, se propone esclarecer si la primera dama española solicitaba a su asistente, contratada con fondos públicos, que se ocupara de cuestiones privadas, como los asuntos vinculados a una cátedra que la esposa del presidente co-dirigía en la Universidad Complutense de Madrid.
La mujer de Sánchez contaba con una colaboradora del mismo modo que la tuvieron las anteriores esposas de los jefes del gobierno español en democracia.
Este miércoles, Begoña Gómez declaró que en 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, sugirió el nombre de Cristina Alvarez para ocupar ese cargo. Justificó su elección en que la conocía desde hacía tiempo, habían trabajado juntas y eran amigas. Señaló, sin embargo, que desconocía cómo fue el proceso de contratación de Alvarez.
Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez. Foto: EFESí reconoció que su asesora alguna vez pudo haberle realizado algún “favor personal”, como responder algún correo electrónico, por ejemplo, vinculado a la cátedra de la Complutense.
El juez Peinado solicitó este miércoles a la universidad madrileña que, en un plazo no mayor a diez días, le remita todos los e-mail en los que la asesora Cristina Alvarez figure como remitente o destinataria de correos electrónicos.
Una hora antes del ingreso de Begoña Gómez a los tribunales, su colaboradora, también citada para este miércoles por el juez, se negó a declarar.
“No ha aclarado nada”
A la salida de los tribunales, Marta Castro, abogada de Vox, se quejó por lo poco que dijo Begoña Gómez ante el juez. “No ha aclarado nada. No declaran nada ni en juzgado ni el Congreso a los españoles”, dijo Castro.
Vox, el partido que lidera Santiago Abascal, se personó en la causa contra la mujer de Sánchez para tener voz en caso de que se realice un proceso penal abierto.
Desde el Partido Popular (PP), líder de la oposición, también cuestionaron las declaraciones de la esposa del presidente. “Los españoles no tenemos por qué pagar los favores que se le hacían a Begoña Gómez desde Moncloa”, dijo Ester Muñoz, vocera parlamentaria del PP.
Begoña Gómez y Pedro Sánches en un acto de campaña. Foto: AP“No tenemos por qué pagar el sueldo a una amiga de Begoña Gómez para que le haga favores desde la Moncloa -insistió-. Las explicaciones que ha dado no sé si la van a librar del delito pero, desde luego, no ha resuelto el problema ético y moral que haya utilizado la Moncloa y la sede de trabajo de su marido para sus beneficios personales. ¿A cuántos autónomos de nuestro país no les gustaría tener el logotipo de Moncloa avalando sus negocios?”
Sospechas por cinco delitos
Durante el tiempo que Peinado lleva investigando a la esposa del jefe del gobierno de España, sus sospechas apuntan a que la mujer de Sánchez podría haber sido responsable de cinco delitos: malversación, intrusismo, apropiación indebida, tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
La causa partió de una denuncia presentada por una asociación señalada como de ultra derecha y altamente mediática a la hora de fogonear causas penales que luego se terminan archivando, y basada en recortes periodísticos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a su mujer Begoña Gómez. Foto: EFEHace semanas, el juez Peinado descubrió que Begoña Gómez contaba, como algunos funcionarios y ministros, con una cuenta de correo electrónico del Palacio de la Moncloa. Solicitó, entonces, todo el contenido del buzón desde 2018, cuando Sánchez asumió.
Juicio oral al fiscal general del Estado
La declaración de la esposa de Pedro Sánchez se produjo un día después de que el gobierno progresista de coalición PSOE-Sumar recibiera otra mala noticia: el Tribunal Supremo de España resolvió finalmente abrir juicio oral al fiscal general del Estado, Alvaro García Ortiz, por sospechar que el fiscal habría cometido un delito: revelación de secretos.
García Ortiz está acusado de haber dado a conocer, presuntamente, unos correos electrónicos en los que el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, reconocía delitos fiscales de su defendido.
El rey Felipe VI recibe en audiencia al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Foto: EFEEl juez del Supremo Angel Luis Hurtado considera que hay indicios suficientes para que el fiscal general del Estado sea enjuiciado.
El Código Penal español establece, para el delito por el cual se lo acusa -revelación de secretos de un particular-, de dos a cuatro años de prisión, multas y la suspensión del cargo por un período de uno a tres años.
Hurtado le impuso a García Ortiz una fianza de 150 mil euros que el fiscal general del Estado deberá depositar en cinco días.
La corrupción en el centro del debate
Las acusaciones de la corrupción que acecha al gobierno de Pedro Sánchez fueron las protagonistas de la primera sesión de control del gobierno de este miércoles en el Congreso.
“La corrupción no se ha ido porque usted está aquí, le dijo el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a Sánchez.
El martes, el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, respondió a las sanciones a Israel anunciadas por el presidente español acusándolo de liderar un gobierno corrupto.
“El intento del corrupto gobierno de Sánchez de distraer la atención de los graves escándalos de corrupción mediante continuos ataques anti-israelíes y antisemitas es evidente”, señaló Saar en sus redes sociales.
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