El Consejo Pastoral Evangélico de Córdoba expresó su preocupación por la decisión de una jueza provincial que habría impuesto un “bozal legal” al ex legislador Gerardo Grosso, junto a otras dos personas, por manifestar su oposición a los temas que se tratarán en el Congreso de Infancias y Juventudes Trans, previsto para el 17 de noviembre en la Universidad Provincial de Córdoba.
En un comunicado oficial, la entidad consideró que la medida representa un “grave atentado contra la libertad de expresión y de culto”, derechos garantizados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Además, recordaron que el Decreto Nacional 62/2025 prohíbe las intervenciones quirúrgicas y tratamientos hormonales en menores de edad, señalando que su postura se encuentra amparada en la ley y en la “conciencia moral y religiosa de los ciudadanos”.
Finalmente, el Consejo instó a las autoridades provinciales a restablecer las garantías constitucionales y a asegurar que ningún creyente sea silenciado por expresar su fe o disentir respetuosamente dentro del marco del debate público.
