Pese a la polémica, asumen los nuevos auditores de la AGN y en el Gobierno minimizan el amparo presentado por el PRO

Emiliano Russo

Tras la presentación judicial del PRO para anular la designación de los nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN), en el Gobierno consideran que hay jurisprudencia que justificaría esa elección al asimilarla “a competencias que hacen al funcionamiento” de la Cámara de Diputados al tiempo que los tres nuevos auditores designados en representación del órgano parlamentario asumirían “sus funciones” este lunes.

Se trata de los auditores designados durante la madrugada del jueves en la Cámara baja: Rita Mónica Almada por LLA, Juan Ignacio Forlón por Unión por la Patria y Cinthia Pamela Calletti, referenciada en el gobernador salteño Gustavo Sáenz. Tanto en el Gobierno como en el programa organismo de contralor que depende del Congreso aseguraron que este lunes ya estarán “en funciones” porque ya “juraron” sus cargos y en todo caso el amparo presentado por el jefe de la bancada PRO, Cristián Ritondo, correría por un andarivel diferente.

“El amparo del PRO, como cualquier otro, no condiciona los actos ya realizados. En todo caso, si la justicia determina algo se deberá cumplir”, argumentan en el organismo conducido por el peronista Juan Manuel Olmos.

La furia de los representantes del “partido amarillo” se originó en un supuesto incumplimiento del oficialismo en garantizar una de las tres sillas en la AGN en juego, por la Cámara baja, para un representante de su espacio, en este caso, el ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Hubo un intento antes del inicio de sesiones extraordinarias para poder incluir a este y otros dirigentes pero no prosperó.

Finalmente negociaciones entabladas por Martín Menem y su primo “Lule”, articulador político de Karina Milei desde su despacho en Casa Rosada, terminaron zanjando la discusión y otorgándole un lugar al peronismo y a un “aliado” como el salteño Sáenz. A Almada le ofreció el cargo el propio titular de la Cámara baja por recomendación del primo Lule y por quedar conforme con el proyecto presentado por la abogada para reglamentar el funcionamiento de la AGN, una deuda de la reforma constitucional de 1994. Hasta su designación, la funcionaria había trabajado en distintas auditorías en la secretaría de Producción del Ministerio de Economía y, de hecho, su trabajo aceleró la privatización de la energética mendocina IMPSA.

Pero el ala política del oficialismo luego privilegió en sus negociaciones con el peronismo y con los “gobernadores” la posibilidad de alcanzar ulteriores acuerdos políticos en el Senado, donde también se le podría dar lugar a la UCR cuando se designen a los auditores en representación de ese cuerpo. “A LLA le tocaban 2 lugares en Diputados por ser primera minoría y se realizó ese acuerdo político”, explicó una calificada fuente gubernamental consultada. En el PRO, por el contrario, denunciaron un pacto entre el Gobierno y el kirchnerismo para cerrar las tres nominaciones a la AGN.

Forlón, de hecho, es dirigente de La Cámpora pero en el oficialismo destacan que no tiene “ninguna causa penal en curso” a diferencia de lo sucedido con el ex auditor Ricardo Etchegaray, mandamás de la ex AFIP en tiempos de Cristina Kirchner en la Casa Rosada, que tuvo que renunciar en agosto de 2016 a la presidencia de la AGN por diferentes denuncias judiciales.

En Gobierno salieron a justificar en las últimas horas la decisión de cubrir las vacantes en la AGN en que el organismo se encuentra “virtualmente paralizado” por la renuncia de los integrantes del denominado “colegio” -los representantes de ambas Cámaras del Congreso- por haber finalizado sus respectivos mandatos hace ya varios meses.


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fuente: CLARIN

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