El acceso a la casa propia sigue siendo una de las mayores aspiraciones de miles de argentinos. Con salarios que no alcanzan y alquileres por las nubes, los nuevos créditos hipotecarios UVA aparecen como una opción posible para quienes sueñan con dejar de pagar alquiler. Pero detrás de la promesa de financiar la compra, refacción o mejora de una vivienda, se esconden condiciones que deben analizarse con lupa.
Estos créditos están dirigidos a personas mayores de edad que sean empleados en relación de dependencia, autónomos o monotributistas. Se otorgan en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), que se actualizan por inflación según el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). ¿Qué implica esto? Que las cuotas en pesos van a variar mes a mes, acompañando la inflación, algo que en Argentina no es un dato menor.
Uno de los puntos clave es la relación entre la cuota y los ingresos del solicitante, que no debe superar el 25% del ingreso mensual neto. A esto se suma que, en muchos casos, se exige un codeudor solidario. Es decir, otra persona que asuma la misma responsabilidad de pago ante el banco. Si el titular no paga, la entidad puede reclamar directamente al garante.
También hay que tener en cuenta el Costo Financiero Total (CFT), que suma intereses, seguros, impuestos y otros gastos. Además, es fundamental leer con atención el contrato: tasa de interés, sistema de amortización, posibilidad de cancelación anticipada, consecuencias por incumplimiento y cláusulas legales. Cada detalle puede marcar una gran diferencia a futuro.
En un país con inflación crónica, los especialistas recomiendan evaluar con mucho cuidado la capacidad de pago a mediano y largo plazo. Ante aumentos abruptos de la UVA, podrían aplicarse mecanismos legales como la teoría de la imprevisión, aunque su aplicación en la práctica es limitada. Por eso, la información clara y la comprensión de cada obligación son clave para evitar sorpresas.
Por último, tanto el banco como el prestatario tienen derechos y deberes. El primero debe otorgar el crédito en las condiciones pactadas y actuar con transparencia. El segundo, pagar en tiempo y forma, mantener la propiedad asegurada y no modificarla sin permiso. En caso de incumplimiento, puede iniciarse una ejecución hipotecaria: un proceso judicial que puede terminar en el remate de la vivienda.
