En el último Congreso Nacional de Pediatría Social realizado en septiembre, los profesionales de la salud infantil de todo el país reafirmaron su postura en contra de la baja de la edad de punibilidad que actualmente se discute en el Congreso Nacional. Esta medida, promovida por el gobierno de Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, busca reducir la edad mínima para ser sometido a un proceso penal de 16 a 13 años, con penas de hasta veinte años de prisión para menores, quienes serían encarcelados en “establecimientos especiales”.
El proyecto ha generado profunda preocupación entre los pediatras, quienes sostienen que vulnera los principios establecidos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, a la cual Argentina adhiere. En respuesta, los pediatras de todo el país han lanzado un petitorio que cuenta con la firma de casi 600 profesionales, entre ellos más de 100 pediatras cordobeses.
Una petición pública en defensa de los niños
En el marco de la conmemoración del Día del Pediatra y el Día de la Madre, los profesionales han hecho pública su petición, la cual fue enviada a las comisiones correspondientes en la Cámara de Diputados. Los pediatras recalcaron la importancia de proteger los derechos de los niños y adolescentes, afirmando que ellos, junto con maestros y equipos de salud, son quienes detectan situaciones de vulnerabilidad. “Reafirmamos nuestro compromiso con la vigencia de los Derechos Internacionales del Niño y exigimos a los representantes del pueblo argentino que rechacen el proyecto de disminución de la edad de punibilidad”, manifestaron los firmantes.
Posición de la SAP
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), en su documento de septiembre, también expresó su firme rechazo al proyecto, argumentando que la baja de la edad de imputabilidad no resolverá el problema de la violencia e inseguridad en el país. Según datos estadísticos, solo el 2,6% de los delitos graves son cometidos por menores de 18 años. “Las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad de los hechos cometidos, y las penas a niños, niñas y adolescentes no deben ser comparables a las de los adultos”, señaló la SAP en su declaración.
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