Pedagogía de la crueldad

Ya hay sobrados ejemplos del desprecio del presidente Javier Milei por la Constitución Nacional, que habla del “progreso económico con justicia social“, el “desarrollo científico“, la prensa “esencial para el control republicano“, y de “medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad“.

A casi dos años de gobierno libertario queda claro que la tan mentada lucha contra “la casta” no era tal, a no ser que “la casta” sean los grupos vulnerables a los que les quitó asignaciones, programas y ayudas. Ya no hay políticas públicas ni siquiera para evitar los femicidios, porque el gobierno asegura que la “violencia no tiene género” y niega, de cuajo, la desigualdad.

En estos meses se multiplicaron las marchas de jubilados, mujeres, familiares de personas con discapacidad y niños enfermos que reclaman por sus derechos, derechos que están escritos en la Carta Magna del país. Pero Milei sostiene que “la inflación de derechos lleva a expectativas ilimitadas entre la gente. Los derechos hay que pagarlos y los recursos son finitos“. ¿Son finitos o van hacia ciertos bolsillos?, cabría preguntarse a la luz de los acontecimientos y las denuncias de los últimos días.

El argumento libertario para oponerse a ajustar las ciertas partidas presupuestarias es la lucha contra el déficit. Habla de “gasto”, cuando sostener la salud, la educación y el bienestar general de la población debería considerarse una inversión. Pero incluso en términos económicos están errados.

El gobierno desmanteló el Plan de Embarazo No Intencional en la Adolescencia. Un informe reciente del Fondo de Población de las Naciones Unidas asegura que “prevenir el embarazo adolescente es una inversión con un retorno significativo, estimado entre 15 y 40 dólares por cada dólar invertido”.

El gobierno también desmanteló los programas de prevención de la violencia de género. “Además del costo irreparable en vidas, abandonar la prevención y asistencia también tiene un altísimo costo para el propio Estado: es 22 veces más caro no intervenir a tiempo que invertir en políticas integrales“, sostiene un estudio del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.