La jueza federal Martina Forns dictó una medida cautelar que suspende por seis meses el decreto que ordenaba la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), una decisión que complica los planes del gobierno de Javier Milei. La resolución prohíbe al Ejecutivo avanzar con despidos, traslados o cualquier acción administrativa ligada al cierre del organismo, que había sido oficializado el pasado 8 de julio.
El fallo responde a un recurso presentado por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), que advirtió sobre la vulneración de derechos laborales y sindicales consagrados por la Constitución y convenios internacionales. La magistrada remarcó que la DNV, con más de 5.000 trabajadores y a cargo del mantenimiento de 40.000 kilómetros de rutas, no puede ser desmantelada de manera unilateral sin afectar gravemente la estabilidad de su personal.
Mientras la Justicia analiza la constitucionalidad del decreto, la decisión frena por ahora la intención del Ejecutivo de transferir las funciones de Vialidad al Ministerio de Economía y a una nueva agencia estatal. Con este fallo, el Gobierno suma otro tropiezo judicial en su intento por avanzar con reformas estructurales sin consenso parlamentario.
