El nuevo proyecto de ley del Gobierno propone un divorcio administrativo, sin necesidad de acudir a la Justicia, para fomentar la libertad y reducir costos en la disolución matrimonial.
El Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley a la Cámara de Diputados con el objetivo de simplificar el proceso de divorcio. Permitiendo que las parejas puedan disolver su vínculo matrimonial de manera administrativa. Siempre que ambos cónyuges estén de acuerdo. Esta iniciativa, que busca brindar una opción más ágil y menos costosa, es un cambio significativo en un proceso que tradicionalmente ha estado marcado por la burocracia.
“Con esta nueva propuesta, queremos otorgar mayor libertad a las personas que deciden poner fin a su matrimonio, permitiéndoles hacerlo de una forma más sencilla y rápida”, declaró Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia. La idea es que, en lugar de iniciar un expediente judicial, las parejas puedan realizar un simple trámite administrativo ante el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas.
Beneficios del Nuevo Proceso
La propuesta contempla una modificación al artículo 435 del Código Civil y Comercial de la Nación, que actualmente exige un proceso judicial para los divorcios. Según el Gobierno, esta simplificación no solo aliviaría la carga sobre el sistema judicial. También representaría un alivio económico para las parejas, que muchas veces enfrentan costos significativos durante un proceso judicial. “Los divorcios judiciales son largos y caros. Queremos facilitar la vida de quienes deciden seguir caminos diferentes”, añadió Cúneo.
Este cambio llega en un contexto donde la modernización de la justicia es más necesaria que nunca. Además de la ley de divorcio, el Gobierno también ha presentado iniciativas para digitalizar y desburocratizar el sistema judicial, facilitando trámites como el retiro de fondos de depósitos judiciales.
Respuestas del Sector
Sin embargo, la propuesta no ha estado exenta de críticas. Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, expresó su preocupación por el posible riesgo que esto conlleva para los derechos de las partes involucradas. “Modernizar y simplificar no debe hacerse a expensas de los derechos fundamentales”, advirtió. Su llamado a la defensa de los derechos de los contrayentes resuena en una sociedad que valora la importancia de una intervención profesional adecuada en procesos tan delicados.
Mirando Hacia Adelante
Con la intención de transformar la forma en que se gestionan los divorcios, el Gobierno espera que este proyecto no solo facilite la disolución de matrimonios, sino que también aporte a la paz y estabilidad de las personas que deciden emprender nuevos caminos. “Estamos aquí para acompañar a la ciudadanía en su vida cotidiana, haciendo más accesibles los trámites que a veces se convierten en un verdadero desafío”, concluyó Cúneo.
La propuesta de divorcio administrativo se suma a un esfuerzo más amplio por parte del Gobierno para modernizar y hacer más eficiente el sistema judicial, apuntando a un futuro donde los ciudadanos puedan navegar sus relaciones y separaciones con mayor libertad y sin las ataduras de la burocracia.
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