Se trata de siete personas, entre ellos el director general y su hermano, acusados de formar parte de una asociación ilícita que operaba desde la fuerza.
La Policía Caminera de Córdoba atraviesa una crisis profunda tras la detención de su director general, Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, ordenada por la Justicia este viernes 27 de junio. Junto a él, seis personas más quedaron detenidas, todas acusadas de integrar una organización dedicada a cometer diversos delitos utilizando sus cargos y acceso a información privilegiada.
La investigación judicial reveló que el grupo estaba conformado por efectivos policiales y abogados que, desde sus posiciones dentro de la fuerza, accedían a datos confidenciales para llevar adelante acciones ilegales que actualmente están siendo investigadas.
Entre los delitos que se le imputan a Ochoa Roldán figuran el enriquecimiento ilícito, peculado, coacción, extorsión y encubrimiento por omisión de denuncia. Además, su hermano Gastón Miguel, también abogado, fue aprehendido en el marco de esta causa, acusado de formar parte de la misma asociación ilícita.
La Justicia también detuvo a otros funcionarios vinculados a la Policía Caminera, entre ellos Leonardo Torres, jefe de la asesoría letrada; Martín Heredia, comisario inspector; Jorge Gutiérrez, director de Protección de Testigos; y Dante Villalba, suboficial y chofer en Jefatura. Además, un civil, Gabriel Burkhart, fue arrestado acusado de ser el organizador de la banda.
El caso implica delitos que van desde el peculado de servicios hasta la coacción y la extorsión, todos enmarcados en una presunta asociación ilícita que habría utilizado sus cargos para beneficio propio y en perjuicio del Estado.
