La historia nos provee de ejemplos y experiencias que nos invita a diagnósticos diacríticos. Por ejemplo, llamar “reacción termidoriana” al momento político actual no sería una analogía histórica strictu sensu ni una comparación forzada con la Revolución Francesa. Podría usarla como una categoría metafórica que nos permitiera nombrar un fenómeno reconocible: el cierre de un ciclo largo de hegemonía cultural y política, y la búsqueda de un reordenamiento que ya no se presenta como una vuelta al pasado, sino como una corrección dura -a veces punitiva- de lo que se percibe como exceso o desvío. No sería un acto de nostalgia, sino de clausura. Tampoco de restauración o status quo ante, sino de rediseño y reestructuración.
Durante varias décadas, el liberalismo occidental funcionó menos como un conjunto de políticas que como un régimen de legitimación. Globalización económica, apertura comercial, instituciones supranacionales, delegación de decisiones clave en expertos y organismos independientes, junto con una gramática cultural que identificó pluralismo, ampliación de derechos y diversidad con progreso histórico.
Ese dispositivo se sostuvo mientras logró ofrecer una promesa verosímil de prosperidad, estabilidad y pacificación del conflicto. Cuando esa promesa comenzó a erosionarse -crisis financieras, estancamiento de las clases medias, percepción de integración asimétrica, migraciones convertidas en conflicto identitario, guerras interminables en la periferia- lo que entró en crisis no fue solo una política económica o un consenso diplomático, sino un modo entero de gobernar y de justificar el poder.
La reacción que emerge de esa fractura suele describirse como una “ola conservadora” o un “giro a la derecha”. El diagnóstico resulta insuficiente. En lo electoral, se observa el castigo sistemático a oficialismos y el ascenso de fuerzas radicales; en lo cultural, una ofensiva contra feminismo, aborto, políticas de diversidad y educación liberal; en lo simbólico, la conversión de la guerra cultural en principio organizador de la política. Pero el rasgo decisivo se encuentra en otro nivel: el desplazamiento del problema de las políticas al problema del mando. Ya no se discute solo qué decisiones tomar, sino quién debe tomarlas y bajo qué restricciones. El resentimiento no se dirige únicamente contra “la democracia” en abstracto, sino contra quienes la administraron en nombre de la competencia técnica, la neutralidad y la inevitabilidad.
En este punto, la reacción muestra un rasgo decisivo: su capacidad de hibridar registros sin pagar el costo de la coherencia. Puede hablar el lenguaje de la tradición y gobernar con instrumentos tecnocráticos; presentarse como rebelión anti élite y producir una nueva élite; invocar la libertad y degradar las mediaciones democráticas.
No es una restauración del pasado ni la imposición de una doctrina estable, sino una reprogramación del poder orientada a cerrar un ciclo que sus partidarios describen como inadmisible: una fase de marcada expansión de derechos y demandas identitarias, de apertura de fronteras y mercados, y de un clima cultural donde el disenso se vive como humillación moral.
Antes de traducirse en políticas, este giro fue ensayado como crítica radical al liberalismo desde los márgenes intelectuales y tecnológicos. La llamada neorreacción -articulada tempranamente por Curtis Yarvin- formuló una impugnación frontal a la democracia liberal, al constitucionalismo y a la soberanía popular, proponiendo su reemplazo por formas de gobierno centralizado, eficiente y explícitamente jerárquico. Lo que en su momento parecía provocación teórica o delirio de nicho encontró, con el tiempo, canales de traducción práctica en sectores decisivos del capital tecnológico.
Así, por ejemplo, figuras como Peter Thiel no se limitaron a financiar estas ideas, sino que contribuyeron activamente a volverlas operativas, facilitando su pasaje del debate marginal a la arquitectura real del poder. La trayectoria política de J. D. Vance -protegido y promovido por Thiel- ilustra ese desplazamiento: de la crítica ideológica al liberalismo a su inserción directa en el Estado. El paso de la impugnación teórica a la captura institucional marca una mutación decisiva del presente ciclo.
Este desplazamiento no solo transforma las instituciones: transforma la naturaleza misma del poder, que deja de operar exclusivamente como función pública y comienza a comportarse, cada vez más, como un recurso patrimonial susceptible de ser capturado, administrado y utilizado con fines propios.
Termidor como metáfora
Puede combinar moralismo religioso y cinismo instrumental, discurso anti élite y sustitución efectiva de élites, liderazgo plebiscitario y sofisticación técnica. No se parece al reaccionarismo clásico, que aspiraba a restaurar un orden coherente del pasado. Se trata, más bien, de un proyecto de reingeniería del poder: conservar gran parte de la arquitectura institucional heredada mientras se altera su orientación, su destinatario y su lógica de funcionamiento. El cierre termidoriano, en esta clave, no exige destruir el aparato del Estado; exige capturarlo.
Aquí resulta útil recordar que “Termidor” no designa únicamente una restauración conservadora. En su formulación más aguda, también puede describir procesos de contrarrevolución interna: la preservación de ciertas formas mientras se vacía su contenido político. Cuando Trotsky habla del “Termidor soviético” se refiere que el ascenso del estalinismo no requirió abolir la propiedad estatal para eliminar la democracia obrera. Bastó con que una nueva casta se apropiara de las palancas decisorias.
Esta lógica -mantener la estructura, cambiar la soberanía efectiva- resulta sorprendentemente actual. La reacción actual no destruye necesariamente tribunales, bancos centrales, agencias reguladoras o dictaduras chavistas. Pero reinscribe el guion en otra racionalidad de poder.
La tecnocracia rearmada
En este sentido, el problema central no es el “fin de la tecnocracia”, sino el fin de una variante específica de tecnocracia: aquella que pretendía despolitizar el conflicto bajo el velo de la neutralidad. Durante décadas, las democracias liberales transfirieron decisiones fundamentales a instancias protegidas -expertos, jueces, reguladores- a cambio de una promesa de estabilidad, crecimiento y pacificación.
Cuando esa promesa se quebró, la tecnocracia dejó de aparecer como garantía de racionalidad y pasó a encarnar una nueva forma de oligarquía: autorreferencial, impermeable al voto, incapaz de asumir responsabilidad política por sus fracasos.
La reacción no consiste, sin embargo, en expulsar a los expertos. Consiste en seleccionarlos de otro modo. Lo que emerge es una tecnocracia militante: menos preocupada por la neutralidad, más dispuesta a poner su competencia al servicio de proyectos de poder explícitos. La técnica deja de ser el lenguaje de la cooperación regulada para convertirse en infraestructura de conflicto. Políticas monetarias, cadenas de valor, normas comerciales, datos, energía e infraestructuras críticas pasan a concebirse como armas estratégicas. El Estado ya no se presenta como árbitro, sino como palanca.
El fin del multilateralismo
Este reordenamiento del poder no se limita al plano interno de los Estados. Tiene un correlato externo igualmente decisivo: la necesidad de erosionar o desactivar las arquitecturas institucionales que introducen fricción, demora y normatividad universal en el ejercicio del mando. Organismos multilaterales, tribunales supranacionales, acuerdos y convenciones internacionales dejan de aparecer como marcos de cooperación imperfectos y pasan a ser percibidos como obstáculos estructurales para una soberanía ejecutiva sin restricciones. La Unión Europea es atacada no solo por su burocracia o su déficit democrático, sino porque impide decisiones unilaterales en materia comercial, migratoria o judicial; la ONU es presentada como un foro irrelevante o capturado, precisamente porque obliga a inscribir el uso de la fuerza en un lenguaje jurídico común; las convenciones de derechos humanos son denunciadas como imposiciones externas que interfieren con políticas de seguridad, fronteras o castigo.
Este vaciamiento del multilateralismo no es un gesto defensivo, sino la condición política para una reactivación abierta de lógicas imperiales. La reivindicación de la adquisición de territorios estratégicos como Groenlandia, la invasión y ocupación de Ucrania, o la relectura explícita de América Latina como “zona de influencia” o patio trasero no constituyen anomalías ni exabruptos retóricos: son la consecuencia directa de un mundo en el que las reglas comunes han sido deslegitimadas. Allí donde el derecho internacional, los tratados y las instituciones multilaterales pierden autoridad, reaparece la política de la fuerza, la coerción bilateral y la apropiación material de recursos, territorios e infraestructuras. El nuevo ciclo no necesita abolir formalmente el orden internacional; le basta con vaciarlo de eficacia para reinstalar un escenario donde la expansión, la intimidación y el hecho consumado vuelven a ser instrumentos legítimos de poder.
Big Brother corporativo
Por eso, el proceso no puede comprenderse solo como populismo antiestablishment. El liderazgo carismático convive con un “cerebro técnico” restringido, seleccionado por lealtad y agresividad, capaz de traducir impulsos plebiscitarios en dispositivos administrativos, jurídicos y financieros complejos. No hay rechazo de la élite, sino circulación y sustitución de élites. El mando no se opone a la competencia técnica: la subordina.
En este contexto, la pregunta por el autoritarismo no puede formularse en términos clásicos. No estamos necesariamente ante la reedición de los totalitarismos del siglo XX, con partido único, movilización total y doctrina cerrada. Pero sí ante la reactivación de condiciones de posibilidad para formas nuevas de dominación total. Liderazgos plebiscitarios que erosionan mediaciones, moralización del enemigo interno, uso selectivo de la coerción estatal, desprecio activo por la verdad pública, fusión funcional entre poder político, grandes corporaciones y aparatos técnicos: estos rasgos no reproducen el fascismo histórico, pero pertenecen a su familia de dominio.
Por eso el fascismo -o un nuevo tipo de fascismo- reaparece como amenaza constante. No como destino inexorable ni como analogía tranquilizadora, sino como posibilidad estructural reactivada. La amenaza no consiste en la repetición del pasado, sino en la invención de algo nuevo con menos resistencias normativas y mayor capacidad de adaptación. El peligro no está solo en el desenlace, sino en el interregno: ese período en el que el mando se adelanta a la legitimidad y la excepción se normaliza.
En este punto, la dimensión tecnológica deja de ser un elemento secundario y se vuelve decisiva. La emergencia de sistemas avanzados de inteligencia artificial introduce un salto cualitativo en las condiciones del poder.
Ya no se trata únicamente del reemplazo de tareas cognitivas -redacción, programación, análisis, atención al cliente- ni de la presión salarial que eso proyecta sobre capas profesionales. El salto cualitativo es la posibilidad técnica de anticipar, modelar y corregir conductas a gran escala, y de producir asimetrías duraderas entre quienes controlan modelos, datos e infraestructura y quienes quedan sujetos a sus decisiones.
La inteligencia artificial encaja de manera inquietante con la forma de dominación que aquí se describe. Permite vigilancia sin omnipresencia policial, predicción sin deliberación, corrección sin coerción visible ni tangible. No requiere adhesión ideológica ni movilización permanente: basta con la adaptación. Al mismo tiempo, profundiza la fusión entre Estado y corporación. Ningún sistema de IA de escala puede desarrollarse sin capital privado masivo, sin infraestructuras estatales críticas ni sin acceso privilegiado a datos soberanos. La distinción clásica entre público y privado se vuelve funcionalmente obsoleta.
Con la IA, el autoritarismo deja de ser solo una posibilidad política y se convierte en una posibilidad técnica. Un poder asistido por sistemas capaces de aprender, adaptarse y optimizarse puede resultar más estable, menos visible y más duradero que las formas autoritarias del pasado. El riesgo no es únicamente la represión, sino la clausura progresiva de la agencia colectiva: un gobierno sin pueblo que ya no necesita abolir formalmente la democracia para vaciarla de contenido.
Nada de esto autoriza a ver todo este proceso como un escenario total y cerrado. Las trayectorias nacionales son distintas, las resistencias existen, las reacciones democráticas también. Pero el cierre del ciclo liberal es un hecho consumado, y con él se ha disuelto el marco de previsibilidad que organizó la política durante décadas.
El nuevo ciclo produce figuras menos visibles, pero más decisivas: ejecutores capaces de traducir impulsos plebiscitarios en dispositivos jurídicos, administrativos y de seguridad. No movilizan masas ni prometen paraísos futuros: diseñan reglas, excepciones y fronteras. Su poder no reside en el carisma, sino en volver tangible un horizonte aún borroso, transformando lo que hoy parece una pesadilla en un escenario verosímil, incluso probable, porque ya tiene procedimientos, mecanismos y poder.
Aún la pregunta por el orden que vendrá permanece abierta. No es una pregunta neutra. Pesa sobre las instituciones, sobre los lenguajes y sobre las decisiones presentes como una amenaza constante. El fascismo mutado, el totalitarismo corporativo o cualquier otra forma de dominación total no son certezas históricas, pero han vuelto a ser pensables.
Esa posibilidad -más que cualquier pronóstico- es la que hoy pende, como espada de Damocles, sobre las democracias del mundo.
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