En medio de un clima tenso dentro de la Jefatura de Policía y tras una conferencia que comenzó con demoras, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó un hecho que sacudió a la fuerza: Maximiliano Ochoa Roldán, jefe de la Policía Caminera, fue detenido por integrar una organización dedicada a cometer estafas con acceso a información privilegiada.
Acompañado por el fiscal Guillermo González, el ministro intentó desmarcar el caso de cualquier vínculo con el funcionamiento de la Caminera o la recaudación por multas. Ambos funcionarios insistieron en que los delitos imputados no guardan relación directa con las tareas de control vehicular, sino con un aprovechamiento indebido de su posición para obtener beneficios personales por fuera de la institución.
El fiscal definió al grupo como una “asociación ilícita” que operaba utilizando datos sensibles obtenidos desde sus cargos públicos para estafar a múltiples personas. Según explicó, los implicados ejercían la abogacía paralelamente a sus funciones policiales y cobraban honorarios por montos significativos. “Todo el tiempo cobraban a través de civiles”, afirmó, y señaló a Ochoa Roldán como el líder de la organización. Lo describió como alguien que supo construir una imagen de eficiencia profesional para ganarse la confianza y alcanzar puestos de jerarquía.
Por su parte, Quinteros expresó sentirse nuevamente traicionado, en una situación que recuerda a la caída del subjefe Alejandro Mercado, también actualmente detenido. “Me defraudaron”, aseguró el ministro, quien defendió la transparencia de su gestión y dijo estar impulsando “la mayor transformación histórica en la fuerza policial”.
Consultado sobre cómo un perfil así accedió al cargo, el ministro sostuvo que su foja de servicio era intachable y que no se habían registrado denuncias en el ámbito laboral. “No hacemos inteligencia. Evaluamos legajos. No nos metemos en la vida privada”, justificó.
Quinteros pidió calma a la ciudadanía y aseguró que desde el Ministerio no tienen nada que ocultar. “Nuestros policías son profesionales”, concluyó, aunque admitió que el daño institucional por estos hechos es profundo y compromete la confianza pública.
