Ni horas ni tokens: la unidad económica del trabajo legal asistido por inteligencia artificial

La unidad económica del trabajo jurídico asistido por inteligencia artificial no es la hora ni el token. Es el output legal gobernado: la pieza profesional verificada, atribuible y susceptible de generar confianza jurídica. Esta afirmación no describe una tendencia de mercado ni una estrategia de precios. Describe una consecuencia del régimen de responsabilidad civil argentino. El artículo 1725 del Código Civil y Comercial exige al profesional un estándar de diligencia agravado, y ese estándar no se suspende porque una máquina redacte el primer borrador. Cobrar por tiempo o por consumo de cómputo es medir el trabajo por unidades que el derecho no reconoce como fuente de valor ni de responsabilidad. El derecho reconoce el acto profesional. Y el acto profesional, con o sin IA, se mide por su corrección y por quién responde de ella.

Lo que sigue fundamenta esa conclusión: primero la doble presión que erosiona los modelos de cobro tradicionales, luego por qué el token no puede heredar la función de la hora, y finalmente por qué la categoría correcta ya está latente en el Código Civil y Comercial y en las primeras pautas deontológicas locales.

I. La doble ruptura de los modelos de cobro

Durante décadas la unidad económica dominante del trabajo jurídico fue la hora facturable. Durante los últimos dos años, buena parte de las herramientas de inteligencia artificial intentó reemplazarla por otra unidad de apariencia moderna: el usuario mensual, el asiento, el seat. Ambas unidades empiezan a fallar al mismo tiempo, y por razones opuestas.

La hora se debilita porque la inteligencia artificial reduce el tiempo necesario para producir ciertos trabajos. Si un informe que antes demandaba seis horas se produce en cuarenta minutos con revisión profesional, el cliente cuestiona por qué debería pagar seis. El asiento mensual se debilita por el lado del proveedor: los costos de cómputo son variables y crecen con el uso intensivo, de modo que quien vende software jurídico con IA tiende a abandonar el precio fijo por usuario y migrar hacia esquemas de consumo. [Inferencia razonada] El fenómeno es observable en el discurso público de varios proveedores del sector legaltech durante 2025 y 2026, aunque la magnitud precisa de esa migración no está documentada en fuentes primarias verificables y conviene tratarla como tendencia declarada, no como dato consolidado.

En el medio queda el estudio jurídico, atrapado entre dos cambios de pricing que empujan en direcciones contrarias. El cliente presiona hacia abajo el valor del tiempo; el proveedor presiona hacia arriba el costo del insumo. Un estudio que no sabe cuánto le cuesta internamente producir una pieza (si un dictamen consumió el equivalente a veinte centavos o a trescientos dólares de cómputo) queda expuesto a un margen que no puede presupuestar. La obsesión por gobernar el costo interno de la IA no es paranoia administrativa. Es la condición para seguir fijando precios con sentido.

II. Por qué el token no puede ser la nueva hora

Existe la tentación de sustituir una unidad equivocada por otra. Si la hora ya no sirve, se propone cobrar por consumo de cómputo, por tokens procesados, por volumen de texto generado. Esta sustitución reproduce el error original con ropa nueva.

El defecto de la hora nunca fue su carácter temporal. Fue que medía esfuerzo en lugar de resultado. Un abogado lento cobraba más que uno eficiente por el mismo producto, lo que invertía el incentivo correcto. El token comparte exactamente ese vicio. Más tokens no significan más valor: significan más cómputo, que muchas veces es lo contrario del valor. Un sistema que genera cincuenta páginas donde bastaban tres no produjo más trabajo jurídico útil; produjo más ruido que el profesional deberá descartar. El costo relevante no es el output generado sino el output aceptado, verificado y utilizable.

La producción bruta de texto por una máquina no constituye, en sí misma, un acto jurídico. Un borrador no verificado no es un dictamen; es materia prima. La categoría económica que importa no aparece hasta que un profesional interviene, controla, corrige y asume la pieza como propia. Cobrar por tokens es cobrar por la materia prima antes de que exista el producto. El derecho, como se verá, solo reconoce el producto.

III. La categoría correcta ya está en el Código Civil y Comercial

El artículo 1725 del Código Civil y Comercial establece la regla de diligencia agravada. Su primer enunciado dispone que cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible al agente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias (art. 1725, CCyC, Ley 26.994, texto vigente según InfoLEG). La norma es invocada de modo característico para la responsabilidad de los profesionales liberales: por su título y conocimiento técnico, se les exige un estándar de previsibilidad y cuidado superior al de una persona media.

El segundo enunciado del artículo agrega el elemento decisivo para esta cuestión. Cuando existe una confianza especial entre las partes, esa confianza se pondera para estimar la diligencia exigible, junto con la naturaleza del acto y la condición particular del agente. El abogado que produce un dictamen es precisamente ese agente en quien el cliente deposita confianza especial en razón de su condición. La IA no modifica esa relación de confianza. La deja intacta y, si acaso, la agrava, porque el cliente confía en que el profesional controla las herramientas que emplea, no en que las herramientas lo sustituyen.

El circuito normativo se cierra con el artículo 1768, que regula la responsabilidad de los profesionales liberales y remite, para juzgar la culpa, a los criterios de los artículos 1724 y 1725 (art. 1768, CCyC). De la lectura articulada surge una conclusión que la aparición de la inteligencia artificial no altera: la obligación del abogado es de medios, y esos medios se miden por un estándar de diligencia agravado que atiende a su condición especial. Quien firma una pieza producida con asistencia de IA sin controlarla no está innovando en su modelo de negocio. Está incumpliendo el estándar de diligencia que el Código le impone con independencia de la tecnología utilizada.

De aquí se desprende la unidad económica correcta. El derecho no valora ni sanciona el tiempo empleado ni el cómputo consumido. Valora el acto profesional: el dictamen, la carta documento, la matriz probatoria, el due diligence, el contrato revisado, el memorándum para el directorio. Cada una de esas piezas tiene un nivel de riesgo, un costo de producción y una exigencia de verificación propios. Esa es la unidad: el output legal gobernado, entendido como la pieza que el profesional produce, controla y asume bajo su responsabilidad.

IV. El estándar deontológico local: incipiente pero convergente

Las primeras pautas locales sobre uso de IA en la abogacía, todavía primitivas, confirman la dirección. El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal publicó en julio de 2025 su Guía para el uso de Inteligencia Artificial para Abogados, elaborada por el Laboratorio Fintech y Legaltech de su Unidad de Innovación. El documento fija deberes de confidencialidad, resguardo del secreto profesional y prudencia en el uso de plataformas sin garantías de seguridad.

En agosto de 2025 se registró el primer precedente argentino sobre uso indebido de IA en la práctica jurídica: la sanción a un letrado que presentó citas jurisprudenciales inexistentes generadas por un chatbot, con oficio al colegio profesional correspondiente. Después, siguieron otros casos similares ampliamente comentados.

De esas fuentes se decantan cuatro principios convergentes.

Primero: el control humano no es delegable; la IA sugiere, el profesional decide y responde.

Segundo: la confidencialidad del cliente no admite excepciones por comodidad tecnológica.

Tercero: la verificación de todo contenido generado por IA es obligatoria, y las alucinaciones comprometen la responsabilidad profesional.

Cuarto: la transparencia con el cliente es condición previa al uso de la herramienta.

Los cuatro principios describen, en registro deontológico, lo mismo que el artículo 1725 impone en registro de responsabilidad civil: la pieza jurídica solo existe cuando un profesional la gobierna.

V. El nuevo margen profesional

Si la unidad es el output gobernado, el margen profesional se desplaza. No se captura escribiendo más lento para justificar más horas, ni generando más texto para justificar más consumo. Se captura en el diseño de flujos de trabajo verificables: en la capacidad de decidir qué pieza requiere qué nivel de revisión, qué herramienta es admisible para cada tarea y qué controles garantizan que el resultado sea utilizable y atribuible.

El abogado agrega valor cuando convierte la inteligencia artificial en criterio, no en texto. La máquina puede producir un borrador de carta documento en segundos; el valor profesional aparece en la decisión sobre su idoneidad, su oportunidad procesal y sus consecuencias. Esa decisión es precisamente lo que el artículo 1725 mide y lo que el cliente paga. El resto (el tiempo de tipeo, el cómputo consumido) es insumo, no producto.

Esto sugiere una lógica de precios híbrida antes que una unidad única. La consulta exploratoria puede resolverse por suscripción o bajo costo; el documento estándar admite precio fijo; el informe operativo se cobra por pieza; el proceso de incertidumbre alta, por fase; la estrategia sensible combina hora senior con honorario de resultado. Lo común a todas esas modalidades no es la unidad de medida sino el criterio subyacente: se cobra por la pieza gobernada, no por el esfuerzo ni por el cómputo. La conveniencia de cada modalidad depende del tipo de trabajo y del riesgo asociado, y debe evaluarse caso por caso.

Semáforo de riesgo para el estudio que no gobierna sus outputs