En medio de una creciente ola de amenazas falsas y episodios de violencia en escuelas argentinas, las autoridades comenzaron a endurecer las medidas y apuntan directamente a los padres. La responsabilidad civil y penal por los actos de los menores recaerá sobre las familias, con sanciones que pueden alcanzar cifras millonarias.
El fenómeno, que se replica en distintos puntos del país, dejó de ser una problemática exclusiva del ámbito educativo para convertirse en un conflicto judicial y económico. El punto de quiebre fue el crimen de un menor en San Cristóbal, que expuso la gravedad de una situación que especialistas califican como estructural en la región.
En diálogo con un medio local el especialista en convivencia escolar Alejandro Castro Santander advirtió que Argentina reacciona de forma tardía ante una “sopa de violencia” que atraviesa a América Latina. Según explicó, el problema se agrava por la influencia de comunidades digitales donde adolescentes consumen y hasta glorifican hechos violentos.
Como respuesta, provincias como Santa Fe y Mendoza avanzan con sanciones concretas: multas de hasta 6 millones de pesos por operativos ante amenazas falsas y posibles imputaciones penales a padres por incumplir deberes de cuidado. Sin embargo, expertos sostienen que estas medidas son reactivas y reclaman políticas integrales que aborden la raíz del problema.
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