WASHINGTON (AP) — Ha surgido un patrón familiar desde que el presidente estadounidense Donald Trump regresó a la Casa Blanca hace menos de tres semanas: él hace una propuesta atrevida, sus opositores interponen una demanda y un juez federal pone el plan en suspenso.
Ha sucedido con los intentos de Trump de congelar ciertos fondos federales, socavar el derecho a ser ciudadano por nacimiento y echar a empleados del gobierno.
Ahora la pregunta es si los fallos de la corte son un mero reductor de velocidad o un obstáculo insuperable para el presidente republicano, que está decidido a expandir los límites de su poder, a veces simplemente ignorando las leyes.
Aunque los demócratas podrían sentirse alentados por la ronda inicial de resistencia judicial, las batallas jurídicas apenas están comenzando. Demandas que se originaron en jurisdicciones más liberales como Boston, Seattle y Washington, D.C., podrían ir a parar a la Corte Suprema de Estados Unidos, donde una mayoría conservadora ha demostrado su disposición a revocar precedentes.
“Lo que es constitucional o no vale tanto como la última decisión judicial”, dijo Philip Joyce, profesor de políticas públicas de la Universidad de Maryland.
Ya se han presentado aproximadamente tres docenas de demandas, con la participación incluso de agentes del FBI —los cuales temen que los estén purgando por razones políticas— y de familias preocupadas por las nuevas limitaciones a la atención médica para jóvenes transgénero.
Se le presta más atención al poder judicial porque, en esencia, el Congreso controlado por los republicanos ha abdicado de su papel de ser un contrapeso a la presidencia. Los legisladores del partido de Trump han accedido a las exigencias de él de recortar unilateralmente el gasto y eliminar a organismos de control del gobierno sin previo aviso.
Ante eso, ya sólo los tribunales son una posible barrera de control frente a las ambiciones del presidente.
“Ya sólo tenemos dos ramas del gobierno”, dijo Justin Levitt, profesor de la Escuela de Derecho de Loyola.
Trump sufrió sus reveses más recientes el jueves.
En Seattle, el juez de distrito John Coughenour bloqueó la orden ejecutiva de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento, cuyo objetivo era evitar que los hijos de padres que están en el país ilegalmente sean considerados estadounidenses automáticamente.
Coughenour dijo que la ciudadanía por nacimiento —establecida por la 14ta Enmienda constitucional —es “un derecho constitucional fundamental”, y criticó a Trump en términos mordaces.
“El Estado de derecho es, según él, algo que hay que sortear o simplemente ignorar, ya sea por beneficio político o personal”, declaró el juez, que fue nominado por el presidente Ronald Reagan en 1981.
“Hay momentos en la historia del mundo en que la gente mira hacia atrás y se pregunta: ‘¿Dónde estaban los abogados? ¿Dónde estaban los jueces?’”, agregó Coughenour. “En estos momentos, el Estado de derecho se vuelve especialmente vulnerable. Me niego a permitir que ese faro se apague hoy”.
El juez había calificado previamente la orden de “descaradamente inconstitucional” al emitir un fallo temporal.
“He estado en el tribunal durante más de cuatro décadas”, señaló Coughenour entonces. “No puedo recordar otro caso en el que la cuestión planteada fuera tan clara como este”.
El mismo jueves en Boston, el juez federal de distrito George O’Toole Jr. detuvo el plan de Trump de alentar a los trabajadores federales a renunciar ofreciéndoles suspensiones con goce de sueldo.
O’Toole, quien fue nominado por el presidente Bill Clinton en 1995, no expresó una opinión sobre el programa de renuncia diferida, que suele considerarse una gratificación excepcional por retiro voluntario. Programó una audiencia para el lunes por la tarde con el fin de sopesar los argumentos.
“Seguimos creyendo que este programa viola la ley y continuaremos defendiendo enérgicamente los derechos de nuestros miembros”, dijo en un comunicado Everett Kelley, presidente nacional de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno.
La Casa Blanca indicó que al menos 40.000 empleados federales ya han acordado renunciar a cambio de recibir su salario hasta el 30 de septiembre.
“Estamos agradecidos con el juez por extender la fecha límite para que más empleados federales que se niegan a presentarse en la oficina puedan aceptar esta oferta del gobierno, tan generosa y única en la vida”, dijo en un comunicado la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
No está claro qué batallas jurídicas llegarán a la Corte Suprema de Estados Unidos, donde los jueces pueden elegir qué casos considerar. Pero Trump ha nominado a tres de sus nueve miembros, y el máximo tribunal ha adquirido una visión expansiva del poder presidencial.
En un caso en el que Trump enfrenta cargos penales, los jueces dictaminaron que los presidentes son inmunes a ser procesados por cualquier acción oficial que tomen durante su mandato.
Sonia Sotomayor, una de las pocas magistradas liberales en el tribunal, dijo que el fallo convertiría al presidente de Estados Unidos en “un rey por encima de la ley”.
Steve Vladeck, profesor del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, considera que los tribunales han estado presionando a Trump en su segundo mandato. Pero advirtió que las decisiones judiciales deben hacerse cumplir.
“El hecho de que el Congreso ya no oponga ninguna resistencia, que el Congreso ya no asuma ninguna responsabilidad, creo que es un indicio inquietante de lo que sucedería si este gobierno comienza a desafiar abiertamente las órdenes judiciales”, señaló Vladeck.
Históricamente, eso sería un fracaso político y dejaría al presidente vulnerable a un juicio político. Pero Trump fue absuelto por el Senado a pesar de dos juicios políticos que enfrentó en la Cámara de Representantes durante su primer mandato, y de que luego fue reelegido por los votantes estadounidenses, tras lo cual ha quedado con poco miedo a ser castigado.
Un tema jurídico al que se le presta mucha atención involucra la capacidad del presidente de retener fondos autorizados por el Congreso, una práctica a la que se conoce como embargo. Aunque una ley aprobada en 1974 la restrinje —después de los escándalos que involucraron al expresidente Richard Nixon—, algunos de los aliados de Trump han dicho que esa ley representa un límite inconstitucional a la autoridad de la Casa Blanca.
El concepto fue puesto a prueba por Trump cuando la Oficina de Administración y Presupuesto decidió congelar las subvenciones y préstamos federales mientras el gobierno realizaba una revisión ideológica del gasto público.
La directiva fue bloqueada por la jueza federal de distrito Loren AliKhan, quien fue nominada por el presidente Joe Biden en 2023.
“Las acciones de los acusados en este caso posiblemente pisotean un ‘baluarte de la Constitución’, al interferir con la asignación de fondos federales por parte del Congreso”, escribió AliKhan.
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El periodista de The Associated Press Nicholas Riccardi colaboró con este despacho desde Washington.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
