La situación generada por las bajas de cuentas de Instagram vinculadas a medios de comunicación volvió a poner bajo la lupa los mecanismos de moderación y reclamos de derechos de autor de Meta, empresa propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp.
El abogado cordobés Andrés Piazza, especialista en ciberdelitos y conflictos vinculados con plataformas digitales, explicó en Radio Continental que prepara un amparo judicial relacionado con la cuenta de Canal C. El planteo busca que se revise la aplicación de las sanciones y se garantice el acceso a la comunidad construida por el medio.
Según explicó Piazza, el problema surge a partir de reclamos por contenidos que son republicados en redes sociales. Algunas empresas u organizaciones se presentan como titulares de derechos sobre videos virales y, después de obtener autorizaciones o cesiones de contenido, realizan reclamos ante las plataformas contra las cuentas que los difundieron.
El especialista sostuvo que el sistema puede generar consecuencias graves para los medios, especialmente cuando se acumulan denuncias. En ese sentido, señaló que “el Convenio de Berna, la ley de propiedad intelectual, los dos en el artículo 10 dicen que el derecho de cita para fines periodísticos existe, está consagrado”.
Piazza también cuestionó la falta de mecanismos claros de apelación dentro de las propias plataformas. Explicó que Meta cuenta con diferentes niveles de sanciones y restricciones, pero que las reglas y los procedimientos no siempre son transparentes para quienes administran las cuentas.
En el caso de Canal C, el abogado remarcó la dimensión que tendría la pérdida de la cuenta, debido a la trayectoria del medio y a la comunidad construida durante años. “No solamente eso, sino que privan a la sociedad, a 240 mil cordobeses, de uno de sus medios de comunicación”, afirmó durante la entrevista.
El planteo judicial, según anticipó Piazza, sería presentado ante la Justicia de Córdoba mediante un amparo. La intención no sería reclamar una indemnización económica, sino solicitar la restitución de la cuenta y de los contenidos, además de exigir mayores garantías de transparencia y mecanismos efectivos de apelación frente a las decisiones de Meta.
El abogado consideró que la Justicia cordobesa puede intervenir porque el daño se produce en la provincia: allí funciona el medio, se genera el contenido y se encuentra su comunidad de seguidores. “Es mejor que hagamos de vuelta el Instagram, de vuelta los 240 mil o los dos millones de seguidores de otro lado”, planteó Piazza al advertir sobre la necesidad de discutir judicialmente estas situaciones.
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