En estas semanas, a raíz del éxito del Gobierno en las elecciones de medio término, se puso al tope de la agenda parlamentaria una reforma laboral. Sin embargo, todo indica que se trata de mucho más que eso.
Las propuestas relativas al derecho individual son muchas y coincido con varias de ellas, pero no serán motivo de análisis en estas líneas. Analizaremos aquí los cambios en el derecho colectivo, es decir, en el menor o mayor poder de los sindicatos, federaciones y confederaciones.
Claro, se oculta tras la argumentación de que se hace en beneficio de los trabajadores, de la creación de empleo de calidad y de las pymes. Sin embargo, la flexibilidad en el ingreso y egreso, en una negociación descentralizada al nivel de la empresa, lo único que hace es debilitar la aptitud negociadora de los trabajadores.
Por eso digo que se trata de un cambio en el funcionamiento social, en el modelo de sociedad, y no sólo en una reforma laboral.
Ya tuvimos iniciativas parlamentarias en el pasado (por caso la llamada ley “Banelco” en el 2000). No hay, sin embargo, ningún dato que muestre virtuosidad en esa propuesta similar a la que se tratará ahora. Ni aumento de la productividad, ni mejores condiciones para empresas y trabajadores, ni para crear lo que la OIT denomina “empleo decente”.
Esta iniciativa, a mi entender, debilita la negociación colectiva hasta su mínima expresión: en el extremo, supone al empleador negociando individualmente con su dependiente. La multiplicación de pequeñas unidades negociadoras conduciría a un retroceso estructural, y por eso hablamos de algo mucho más profundo que una simple reforma laboral.
Ahora analicemos dos cuestiones: cómo funcionan nuestros sindicatos y cómo lo hacen muchos países que tienen un desempeño económico que los hace modelo de distribución progresiva de la renta, creación de empleo de calidad, y productividad.
Respecto del primer asunto, hay mucho para cambiar: falta de transparencia en el uso de sus recursos económicos, elecciones concentradas y maniatadas, uso de la violencia en muchos casos (particularmente en los procesos eleccionarios). Pero eso justifica elaborar muchas medidas para mejorar el funcionamiento gremial, no para desmantelarlo. Han sido puntales de la democracia en estos 40 años de su vigencia. Nadie puede afirmar que los sindicatos atentaron contra nuestra vida social y republicana.
Por otra parte, países como Francia y Alemania gozan de gremios fuertes con un funcionamiento eficaz en todo sentido: progresiva distribución de la renta con productividad y crecimiento del empleo. En el primer caso, la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), la Confederación General del Trabajo Fuerza Obrera (CGTFO) y la Confederación Francesa de Ejecutivos (CFE) integran el entramado sindical que garantiza protección social sin afectar la eficiencia económica, y son además protagonistas activos de la negociación colectiva y la defensa de los derechos sociales.
En Alemania existen dos sindicatos, la DGB, la confederación en la que se agrupan importantes gremios de la producción y los servicios, y la Federación Alemana de Funcionarios. Son importantes grupos de presión que forman parte de la estructura política y social de este país, con baja conflictividad y compromiso con el desarrollo industrial.
Volviendo al caso nuestro, además de las consideraciones ya formuladas, tenemos con nuestro modelo gremial, propuestas como la de SMATA, en la que el sindicato negocia por actividad, sector y empresa. Como dijimos, sindicatos fuertes y legitimados son sostén del sistema político y han actuado con responsabilidad aun en las serias crisis que vivió nuestra economía. Cambiemos su funcionamiento, no el modelo.
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