La iniciativa busca agravar las penas por los delitos de falsa denuncia y falso testimonio, que ya están contemplados en el Código Penal. Abogadas y organizaciones feministas cuestionan la necesidad de la reforma y advierten sobre su posible impacto en quienes atraviesan situaciones de violencia de género y en las infancias. El proyecto será debatido en el Senado el próximo 6 de agosto.
Qué propone el proyecto de Carolina Losada
El proyecto impulsado por la senadora santafesina Carolina Losada propone agravar las penas para los delitos de falsa denuncia y falso testimonio, dos figuras que ya existen actualmente en el Código Penal argentino.
La iniciativa generó cuestionamientos desde distintos sectores, que ponen en discusión no solo la necesidad de aumentar las penas sino también el posible efecto que una medida de este tipo podría generar sobre quienes evalúan denunciar situaciones de violencia.
En diálogo exclusivo con Canal C, la abogada penalista Dania Villanueva (MP 1-41911), presidenta de la Fundación Vivir Libres sostuvo que la iniciativa puede resultar “contraproducente” y cuestionó que el proyecto no esté basado, según su análisis, en una dimensión estadística que justifique agravar las penas.
El dato que pone en discusión el proyecto
Uno de los principales argumentos planteados por quienes cuestionan la iniciativa es la dimensión real del fenómeno de las falsas denuncias.
Según explicó Villanueva, un informe del Observatorio de Género del Ministerio Público Fiscal señala que el porcentaje de personas condenadas por falsas denuncias fue del 0,9% entre 2023 y 2025.
Para la abogada, el dato muestra que se trata de un fenómeno “marginal” en relación con el volumen de denuncias existentes. Sin desconocer que las falsas denuncias existen, Villanueva plantea que su incidencia sería demasiado reducida como para justificar una modificación orientada a endurecer las penas.
¿Una ley que puede desalentar las denuncias?
Más allá de la discusión estrictamente penal, uno de los principales interrogantes alrededor del proyecto es qué efecto podría tener sobre las personas que atraviesan situaciones de violencia de género.
Desde la organización Ni Una Menos Córdoba, Mariana Palmero, militante del colectivo, sostuvo que la iniciativa podría generar un efecto disuasorio: que una mujer o una persona en situación de violencia piense dos veces antes de denunciar por temor a que su relato sea considerado falso y termine enfrentando una investigación penal.
“No solo va a desalentar, sino que fundamentalmente es un proyecto pensado para disciplinar”, planteó.
La referente también señaló que las denuncias por violencia de género presentan una particularidad: la víctima suele ser puesta en duda, incluso dentro de ámbitos sociales, mediáticos y judiciales.
En ese contexto, desde la organización consideran que el proyecto podría profundizar una situación que ya funciona como una barrera para quienes buscan acceder a la Justicia.
El impacto en las infancias y en quienes deben denunciar
La discusión también alcanza a las situaciones de violencia que involucran a niños, niñas y adolescentes.
Villanueva puso el foco en la Ley Lucio, aprobada por unanimidad por el Congreso en 2023, que establece capacitaciones y herramientas para la prevención y detección de violencias contra las infancias y refuerza la obligación de denunciar para determinados profesionales que toman conocimiento de estos hechos.
Según explicó la abogada, los casos de violencia contra las infancias suelen presentar dificultades probatorias porque muchas veces ocurren en ámbitos de intimidad.
Por eso, advirtió que un escenario en el que una denuncia que no logra ser probada pueda derivar en una investigación por falsa denuncia o falso testimonio podría generar temor entre quienes tienen la obligación de intervenir.
“Van a sentir miedo de ser acusados e investigados”, sostuvo Villanueva, y consideró que ese efecto podría terminar generando más silenciamiento en situaciones que ya presentan un alto nivel de subregistro.
Una mirada política: “criminalizar y revictimizar”
Desde una perspectiva política, Laura Vilches, docente y dirigente nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas que integra el Frente de Izquierda, calificó al proyecto como “reaccionario” y cuestionó el enfoque elegido para abordar el problema.
Para Vilches, la iniciativa impulsada por Losada y acompañada por sectores de La Libertad Avanza no parte de un problema de la magnitud que se intenta instalar, sino que apunta a “penalizar, criminalizar y revictimizar a las verdaderas víctimas”.
En esa línea, sostuvo que uno de los efectos buscados sería desalentar las denuncias e intimidar a quienes atraviesan situaciones de violencia.
La dirigente llamó además a los distintos sectores de la oposición a rechazar el proyecto cuando llegue al recinto.
Entre el castigo a la falsa denuncia y el riesgo del silencio
El debate plantea así una tensión que va más allá del aumento de las penas: cómo sancionar una denuncia deliberadamente falsa sin generar un escenario en el que las víctimas reales tengan miedo de denunciar.
Quienes cuestionan la iniciativa sostienen que el problema no debería analizarse solamente desde la perspectiva de quienes realizan falsas denuncias, sino también desde las consecuencias que una legislación más punitiva podría tener sobre quienes ya enfrentan obstáculos para acceder a la Justicia.
El proyecto continuará su recorrido legislativo y será debatido en el Senado el próximo 6 de agosto, donde se pondrán en juego estas distintas posiciones.
La discusión, en definitiva, no se limita a determinar qué pena debe recibir quien realiza una denuncia falsa. También abre una pregunta central: ¿cómo evitar que el temor a ser denunciado por denunciar termine profundizando el silencio de quienes realmente necesitan ser escuchados?
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