El fiscal federal Carlos Amad confirmó que avanza una investigación sobre una presunta red de asociación ilícita vinculada al otorgamiento y cobro irregular de pensiones. Según estimó, se trataría de al menos 22.000 beneficios tramitados de manera fraudulenta, aunque la cifra podría ser aún mayor. Este miércoles se realizaron 17 allanamientos en Joaquín V. González, El Quebrachal, domicilios de la capital salteña y en el departamento de Anta.
De acuerdo con la pesquisa, el esquema estaría integrado por empleados administrativos, médicos, bioquímicos y agentes de distintos organismos, quienes habrían colaborado en la confección de certificados y trámites para otorgar pensiones que no correspondían. “Son truchas”, aseguró Amad, quien no descartó la posible participación de autoridades locales, aunque evitó dar nombres concretos en esta etapa del proceso.
El fiscal citó como antecedente un caso en Taco Pozo, Chaco, donde un intendente resultó vinculado a una maniobra similar, y sostuvo que no se descarta que esta red sea “mucho más grande de lo que aparenta”. Incluso, señaló la aparición de un médico que ya había intervenido en ese caso y que ahora figura en la causa abierta en Joaquín V. González, lo que refuerza la hipótesis de conexiones entre las distintas localidades.
Amad explicó que el equipo investigador revisará la documentación, las computadoras y los teléfonos secuestrados en los procedimientos. “Vamos a estudiar todos y cada uno de los elementos que se han encontrado”, señaló. La expectativa es que antes de fin de año se realice la audiencia de formalización de la investigación e imputación de cargos, mientras se profundiza en el análisis de la información recolectada para dimensionar el alcance de esta red de pensiones fraudulentas.
