La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) quedó en el centro de la polémica tras la difusión de un nomenclador que utilizaba términos obsoletos y ofensivos para referirse a las personas con discapacidad. El documento generó indignación y llevó a la renuncia y el despido de funcionarios. A pesar del anuncio de una modificación en la Resolución 187, la preocupación persiste en el sector.
En diálogo con Córdoba Noticias de Canal C, la psicóloga y activista María Belén Frías expresó su malestar por el enfoque del gobierno. “No es solo una cuestión de palabras, sino de cómo se gestiona la política pública en discapacidad”, señaló. Además, advirtió que el problema de fondo sigue sin resolverse: “El Estado impone auditorías a personas con discapacidad para acceder a una pensión, pero muchas veces ni siquiera pueden comprender el proceso por falta de accesibilidad en la información”.
Frías también cuestionó la falta de oficialización del cambio en la normativa: “Hasta que no se publique en el Boletín Oficial, el baremo sigue vigente. No alcanza con una publicación en redes sociales”. Según explicó, actualmente se sigue utilizando un criterio de evaluación obsoleto que afecta a personas en auditoría. “Hoy mismo hay personas siendo evaluadas bajo este baremo que los califica con términos denigrantes”, alertó.
Finalmente, la especialista resaltó la necesidad de que el Estado asuma un rol más activo en la protección de derechos. “No se trata solo de corregir una resolución, sino de garantizar políticas inclusivas y accesibles para todas las personas con discapacidad y sus familias”, concluyó.
Mirá la entrevista completa:
