La “guerra” contra el Comando Vermelho en las mismísimas veredas de la ciudad de Río nos ha conmovido a todos. Las decenas de muertos y el enfrentamiento de igual a igual con las fuerzas del orden debe hacer reflexionar con urgencia a las autoridades locales: la presencia de la banda criminal carioca en la Argentina ya es un hecho tangible.
El narcotráfico es un fenómeno global, pero con presencia territorial cada vez más evidente en nuestro país. A las pruebas empíricas me remito para hacer semejante aseveración. Existen dos causas judiciales muy concretas y avanzadas en el fuero federal que desnudan la incapacidad del Estado para hacer frente al flagelo del país vecino, que ya también es nuestro.
En un expediente se investiga el tráfico de armas (fusiles FAL) del conurbano bonaerense, directo a las favelas de Rio y Sao Pablo. Y en otro expediente, el más importante, se investiga a más de 20 personas y 40 sociedades “fantasma”, utilizadas por la tenebrosa organización criminal en operaciones de lavado de dinero.
Hace tan sólo unos meses, gran parte de los acusados de lavado quedaron eximidos de prisión efectiva mediante el instrumento del juicio abreviado: una negociación abierta entre el fiscal federal y los acusados de reciclar USD 550 millones en bienes inmuebles de zona norte, billeteras virtuales y mundo crypto.
Resultado de la negociación de la pena: los acusados (ahora libres) no devolvieron ni un centavo al Estado argentino fruto de sus operaciones de reciclado. Tampoco (más grave) brindaron información útil para la investigación. Sólo condenas a tres años de prisión en suspenso.
La Argentina presenta numerosas otras características que la hacen un destino especialmente atractivo para que el crimen organizado se infiltre y expanda. Una de esas: los decomisos de los bienes frutos del crimen y el reciclado, son insignificantes. Otra de las “cualidades” es la falta de coordinación federal. No hay antecedentes (en la historia argentina) de ningún plan integral y estratégico a nivel nacional.
La extensión territorial del país y la falta de registros de propiedades centralizados y federales, son caldos de cultivo adicionales. El GAFI (grupo anti-lavado mundial) ya observó a ambas deficiencias en su última evaluación de mayo 2024, pero nada cambia. Las penas efectivas de prisión, cumplen un rol ejemplificador. Y el decomiso efectivo, aunque sea de parte de los USD 550 millones ya reciclados en la economía legal del país con total impunidad, también lo es.
La Corte Suprema, en el fallo “Olivetto” (2016), habla de “estricta razón de justicia” al ir tras la ruta del dinero narco y su decomiso. Otro de los problemas es la falta de coordinación en las investigaciones. El Supremo Tribunal ya lo viene advirtiendo en el legendario caso “Botton”, entre otros: el crimen organizado se expande y actúa en etapas (el Latin, iter criminis) en forma organizada.
Las pesquisas también deben ser integradas, con investigación y condena a cargo de un único fiscal y juez federal que concentre las pruebas, las detenciones y decomisos.
La crisis institucional interna, también ayuda a este flagelo. Los fiscales están preocupados por la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal. Falta de presupuesto y de personal capacitado son algunas de las tantas alarmas. El reconocido Fiscal General Raúl Omar Plee, llegó a afirmar en público que el sistema federal penal del país está a punto de colapsar (para no reconocer que ya colapsó).
El profesor Federico Varese en su libro “Las mafias y sus movimientos” (Oxford University Press, 2011) sostiene que la delincuencia organizada hace shopping por el mundo, en busca de jurisdicciones con baja efectividad en el cumplimiento de sus normas contra el crimen complejo y transnacional. Le dedica un capitulo a la incomprensible “experiencia argentina”; donde las normas parecen estar todas al día, pero sin aplicación práctica.
El crimen avanza de manera sigilosa en nuestro territorio y economía. Ahora asoma el grupo criminal carioca, pero hay mucho más: oligarcas rusos, grupos mafiosos ucranianos, la mafia china, la delincuencia de los países vecinos que penetran las permeables fronteras del país. Y mientras tanto, el Estado nacional se muestra pasivo, sin un plan federal.
Resulta evidente que se necesita un plan integral y coordinado entre los poderes del Estado. La apertura al diálogo que se comenzó a tejer tras las elecciones legislativas entre el Gobierno y las Provincias, debe incluir mucho más que la aprobación de un nuevo Código Penal. Perdón por la expresión, pero con un nuevo Código (con más penas o mas balas para los narcos) no se soluciona, para nada, la crisis interna que plantean los mismos magistrados federales.
Los tentáculos del Comando Vermelho ya están presentes entre nosotros. Escuchar a la Corte Suprema y a los fiscales federales es fundamental para avanzar en orden y con consensos. De lo contrario, las bandas armadas seguirán encontrando terreno fértil para su avance.
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