Lo sabe cualquiera que conduzca un vehículo automotor por las calles argentinas: la aventura no es salir sino regresar indemne. Son varias las razones: se conduce mal y de manera irresponsable, pululan automóviles y camionetas en pésimo estado, hay un elevado porcentaje de conductores sin seguro y sin carné al día y los controles son deficientes.
En suma, conducir implica un riesgo y esto se acentúa porque la mayor antigüedad de los rodados los hace carecer de todo lo que debería ser obligatorio –y lo es hasta cierto punto– como ABS, sistemas de estabilidad, sensores y otros adelantos tecnológicos que a la vez encarecen el precio de los vehículos nuevos.
Un reciente informe de la Asociación de Fabricantes Argentinos de Componentes ratifica lo que a diario vemos en nuestras calles: que la flota automotriz envejece al punto de que los casi 15 millones de vehículos existentes tienen una edad promedio de 14,1 años, ratio que sólo cinco años atrás era de 11,7 años, como para que nadie dude de que la manoseada economía nacional terminó hace mucho con eso de la movilidad ascendente, uno de cuyos parámetros era la adquisición de un vehículo de entrada de gama por parte del grupo familiar.
Para revertir ese envejecimiento, se deberían incorporar cada año no menos de 1.250.000 automóviles nuevos al parque existente, en un mercado que apenas alcanza hoy las 300 mil unidades anuales. En conclusión, nuestras calles verán cada vez más vehículos dignos de un programa de desguace al comando de propietarios que no pueden hacerles el mantenimiento elemental por el elevado costo de los repuestos y la mano de obra subyacente.
No se ha llegado a esto por casualidad: los rodados son caros, y lo son mucho más en función de la caída sistemática de los ingresos de los asalariados, amén de los precios exorbitantes de los seguros y de los registros respectivos, a lo que contribuyen no poco los impuestos internos, que en algunos casos casi duplican el valor de los vehículos a la salida de fábrica.
Algo así como 11,4 millones de automóviles de 20 años promedio de edad nos están diciendo que el asunto debe ser encarado como un factor incidente en el elevado índice de siniestralidad nacional y que la falta de políticas específicas es demasiado evidente como para ignorarlo. Pero el asunto no concluye allí.
El sector automotor nacional ha gozado por años de una enorme protección que no se ha traducido como debiera en una industria más eficiente y menos onerosa, aun cuando dentro del rubro no falten voces críticas.
Si hoy se quiere salir de ese cuadro, es el Estado el que debe establecer un marco de estímulos fiscales que exija, a la vez, la transformación del sector para hacerlo competitivo. A menos que se quiera caer de nuevo en el recurso fácil de importar de manera indiscriminada, uno de esos remedios que conducen de manera inevitable a la creación de un problema mayor.
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