Luego de la aprobación de la semana pasada, en una multitudinaria asamblea, este martes se firmó en la secretaría de Trabajo el acuerdo entre el gremio de los empleados judiciales provinciales (Agepj) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). El eje central del final del conflicto fue la reclamada equiparación salarial con sus pares de la Justicia Federal, que será escalonada y a largo plazo.
El entendimiento establece un esquema progresivo de igualdad salarial, en cuatro tramos, que beneficiará principalmente a la categoría más baja (auxiliares) del escalafón judicial, que alcanzará el 91% de equiparación con sus pares federales, en dos años.
En cambio, los empleados de las categorías más alta verán completada su equiparación, que no será total, recién dentro de tres años.
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La primera mejora será con el salario de julio, cuando los trabajadores judiciales provinciales percibirán un aumento del 4,16 %, igual para todos los niveles.
Este porcentaje, no remunerativo al inicio, se incorporará al salario básico en julio de 2026. Los tramos restantes se harán efectivos en julio de 2026, 2027 y 2028, cuando el proceso concluirá por completo para las categorías más altas del escalafón provincial.
Para los auxiliares, la diferencia a saldar es de un 8,8 %. Estos trabajadores alcanzarán el 91 % de los sueldos de los federales al cobrar el segundo tramo, en julio de 2026. Aunque la equiparación total y remunerativa, será en 2027.
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En contraste, el camino será más largo para los escalafones superiores: escribientes, escribientes mayores, oficiales, oficiales mayores y jefes de despacho mayores deberán esperar hasta julio de 2028.
Sin embargo, aun al final del proceso, sus sueldos no llegarán al 91 % de los federales, como sí ocurrirá con las categorías inferiores.
Según lo estipulado en el acuerdo, los porcentajes de equiparación final serán los siguientes: escribientes (85,18 %), escribientes mayores (82 %), oficiales (77 %), oficiales mayores (73,61 %) y jefes de despacho mayores (75,38 %).
Por su parte, jueces y funcionarios judiciales provinciales ya perciben un 90 % respecto de sus pares federales, desde el año 2012.
No obstante, en términos reales, esta equiparación efectiva para los magistrados y funcionarios ronda el 85 %, debido a los mayores descuentos que enfrentan los provinciales -respecto a los federales- por aportes a la Caja de Jubilaciones y a Apross.
Este primer tramo del 4,16 %, se cobrará con el salario de julio, es decir, en los primeros días de agosto.
Mientras que el 2,2 % retroactivo a abril que otorgó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se cobrará con el sueldo de junio, la semana próxima.
Se espera que en los próximos días la Corte Suprema anuncie los aumentos correspondientes a mayo y junio. Se estima que será en torno al 2 % por mes.
Con la firma del acta en la Secretaría de Trabajo, el gremio se comprometió a no realizar medidas de fuerza vinculadas a los reclamos salarial hasta el final del proceso de equiparación, previsto para 2028.
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Si bien subsisten otros reclamos -como la eliminación de los descuentos “de emergencia” para Apross-, se espera un largo período de normalidad en el funcionamiento de los tribunales provinciales, luego de casi tres meses conflictivos.
Por su parte, el TSJ también asumió un compromiso clave: no se descontarán los 14 días de paro registrados entre el 1° de abril y el 23 de mayo pasado.
Esta promesa fue decisiva para que la asamblea gremial aprobara el acuerdo, por 560 votos a favor, y apenas 69 en contra.
Los únicos que se opusieron fueron los delegados de los sectores autoconvocados, muy activos durante las protestas.
Tanto desde la conducción del gremio que encabeza Federico Cortelletti, como el referente opositor, Darío Di Tomaso, coincidieron en que el acuerdo “es insuficiente”.
Aunque los gremialistas también admitieron que “no había margen” para nuevas medidas de fuerza, luego de un conflicto de casi tres meses, con 14 paros, y asambleas casi a diario.
La resolución de este conflicto no fue un hecho aislado. Previamente, el Gobierno provincial había implementado una reforma del escalafón judicial que acercó los sueldos a los estándares federales.
Esa medida implicó un refuerzo presupuestario mensual de 586 millones de pesos. Ahora, la equiparación sumará un costo adicional de entre 400 y 450 millones mensuales.
En total, los aumentos salariales para pacificar los tribunales provinciales representan para el Gobierno provincial un desembolso de alrededor de 1.000 millones de pesos mensuales “extras”.
Luego de casi tres meses de tensión y 14 jornadas de paro, la Justicia provincial vuelve a funcionar con normalidad.
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Según lo acordado en la secretaría de Trabajo, esa estabilidad debería sostenerse durante los próximos tres años. El conflicto parece haber llegado a su final.
Aunque desde el gremio de los judiciales consideran que “hay otras cuestiones por resolver”, más allá de la salarial.
