El orden legal internacional surgido tras la adopción de la Carta de las Naciones Unidas ha muerto. La política exterior de Donald Trump le asestó el golpe de gracia, pero la globalización liberal que alcanzó su apogeo en los noventa ya se encontraba en una fase terminal. La creciente ascendencia de China, la indignante presencia de regímenes autoritarios en organismos de derechos humanos y la invasión rusa de Ucrania, sumadas a la indecisión de Estados Unidos y la inexplicable inacción de una Europa que parece paralizada, consumaron su declive.
El orden mundial liberal que hoy vemos perecer fue la respuesta de las democracias occidentales a las atrocidades del régimen nazi. Sus líderes estaban convencidos de que el sistema vigente desde los tratados de Münster y Osnabrück era la raíz misma del problema. En aquel sistema “westfaliano”, caracterizado por el unilateralismo, cada Estado gozaba de la potestad de fijar y ejecutar su política interior y exterior sin interferencias externas. Las potencias ejercían un poder absoluto sobre sus ciudadanos –y también sobre sus vecinos más débiles.
La solución que las democracias impulsaron fueron el multilateralismo y la remodelación del concepto de soberanía, que dejó de ser una categoría absoluta para convertirse en condicionada al respeto del derecho internacional.
En ese orden mundial emergente, que terminó de consolidarse con la caída de la URSS, los Estados ya no podían actuar de manera unilateral. La “comunidad internacional”, estructurada en torno a valores comunes como el respeto por los derechos humanos y la preservación de la paz, detentaba ahora la última palabra.
En este contexto, el movimiento de derechos humanos experimentó una tendencia hacia el procedimentalismo. Su postura era razonable: el apego a los procedimientos había sido hasta entonces la mayor garantía de estabilidad. Paralelamente, su agenda se transformó. La preocupación original por las dictaduras, la libertad de expresión y el rule of law fue gradualmente sustituida por nuevas causas, como la igualdad de género, la erradicación de la discriminación y la satisfacción de los derechos de “segunda generación”. Esta se consolidó como la agenda de una nueva era civilizatoria.
Tras décadas de progreso económico, expansión de la libertad individual y una relativa concordia internacional, aquella era dorada llegó a su fin. En una suerte de revival posmoderno de los años treinta, la democracia retrocede globalmente y los tribalismos resurgen, mientras un puñado de “hombres fuertes” se disputan el mundo y el neofascismo avanza bajo el disfraz del populismo.
Así como el movimiento de derechos humanos debió adaptar su agenda durante los “felices” ‘90, ahora también deberá revisar sus prioridades. Con el despunte autocrático, tal vez tenga que despojarse de la nostalgia multilateralista y enfocarse más en los contenidos que en los procedimientos, replegándose sobre sus causas originarias, al menos por un tiempo. Esperemos que esté a la altura. De otro modo, podría volverse obsoleto, al igual que el orden global que lo engendró.
