El gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, promulgó de manera oficial la Ley Provincial N.° 11.126 de Protección y Apoyo a las Empresas Recuperadas por los Trabajadores y las Trabajadoras. La normativa, publicada este martes 7 de julio en el Boletín Oficial mediante el Decreto N.° 57, tiene como finalidad central preservar las fuentes de trabajo y la actividad económica frente a situaciones de crisis o cierre patronal.
La ley declara de interés social los procesos de recuperación de unidades productivas y reconoce como sujeto prioritario de derecho a los empleados organizados bajo la figura de cooperativas de trabajo. La autoridad de aplicación de la norma será el Ministerio de Cooperativas y Mutuales, organismo que coordinará el diseño de las políticas públicas destinadas al sector en articulación directa con el Ministerio de Justicia y Trabajo.
Entre sus principales disposiciones operativas, el marco legal establece la creación del Registro Provincial de Empresas Recuperadas. Aquellas organizaciones que logren inscribirse y formen parte del padrón oficial contarán con un paquete integral de beneficios estatales para apuntalar su viabilidad:
Asistencia financiera: Acceso prioritario a líneas de crédito blandas, mecanismos de garantía para facilitar el financiamiento y subsidios directos.
Tratamiento impositivo: Un régimen de beneficios fiscales preferenciales de carácter temporal.
Comercio e institucionalidad: Prioridad para ser seleccionadas como proveedoras del Estado provincial, además de recibir capacitación continua y asistencia jurídica integral.
La nueva legislación provincial fija un procedimiento formal para canalizar los procesos de recuperación. El Ministerio de Justicia y Trabajo intervendrá mediante la realización de inspecciones de rigor e informes técnicos detallados, convocando además a una audiencia obligatoria con participación de los trabajadores damnificados y representantes gubernamentales para evaluar la factibilidad técnica y económica de la explotación cooperativa.
Finalmente, la Ley N.° 11.126 incorpora de manera transversal la perspectiva de género como principio rector, obligando a promover activamente la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y varones en los esquemas productivos, sociales y de toma de decisiones de las empresas recuperadas.
