Política
Cada uno de los cuatro detenidos deberá pagar U$S 1 millón. Seguirán siendo investigados y no podrán contactarse con otros integrantes de la firma.
14 de junio de 2025, 07:20
La Cámara de Apelaciones de Rosario dictó la excarcelación de los cuatro exdirectivos de la agroexportadora Vicentin que se encontraban detenidos desde marzo, tras el pago de una fianza individual de U$S 1 millón.
A pesar de haber recuperado su libertad, los ejecutivos continuarán bajo investigación, ya que las imputaciones por presuntos delitos financieros se mantienen firmes, según confirmaron fuentes judiciales.
La resolución, emitida el 13 de junio, impone significativas restricciones a los imputados mientras el proceso judicial avanza.
Entre las medidas cautelares, se les ha prohibido contactar a otros integrantes de Vicentin y a quienes forman parte del concurso de acreedores de la empresa, abierta desde 2019.
Esta disposición, crucial según los fiscales, busca evitar cualquier interferencia en el proceso de recuperación de la compañía. Además, los exdirectivos tienen prohibido salir del país.
La fiscalía sostiene que los acusados desviaron fondos de la compañía para fines personales.
Entre las irregularidades señaladas, se destaca el uso de dinero de la empresa para cubrir honorarios legales y retiros voluntarios.
De acuerdo con las estimaciones del Ministerio Público, los desvíos habrían superado los $ 6.000 millones entre finales de 2019 y 2024, considerando la actualización de los valores nominales.
Por su parte, la defensa de los imputados argumentó que, al estar la empresa intervenida judicialmente, no existía riesgo de que pudieran entorpecer el proceso.
Este argumento fue clave para que la Cámara de Apelaciones decidiera otorgar la excarcelación bajo las condiciones mencionadas.
Sin embargo, la querella expresó su desacuerdo con la decisión, y uno de los abogados querellantes, según el medio Rosario3, criticó la interpretación del juez, señalando errores en la valoración jurídica y en los hechos del caso.
A pesar de que el juez rechazó algunas facturas que la fiscalía había presentado como evidencia directa de los desvíos, consideró que las acusaciones tienen sustento suficiente para que la causa continúe su curso, lo que refuerza la postura de que el caso no ha perdido fuerza.
El Ministerio Público ya evalúa la posibilidad de apelar la decisión de excarcelación ante la Corte Suprema mediante un recurso de inconstitucionalidad.
Este recurso podría escalar aún más el caso, prolongando el proceso judicial y abriendo nuevas instancias legales.
