El Gobierno retiró del proyecto el capítulo sobre la extranjerización de las tierras para sumar apoyos, pero la iniciativa mantiene modificaciones sobre propiedad privada, manejo del fuego y otros aspectos que continúan generando posiciones enfrentadas.
El tratamiento de la Ley de tierras llega este 6 de agosto al Senado con un cambio importante: el oficialismo dejó fuera del proyecto el capítulo que modificaba el régimen de extranjerización de las tierras rurales. La decisión fue adoptada en busca de reunir los votos necesarios para avanzar con la iniciativa, luego de que el debate hubiera sido postergado por falta de respaldo parlamentario.
Aunque ese punto quedó afuera, el proyecto conserva reformas de peso que siguen siendo motivo de discusión. Entre ellas permanecen cambios vinculados a la Ley de Manejo del Fuego, al régimen de expropiaciones, desalojos y normas del Código Civil y Comercial relacionadas con la protección de la propiedad. Además, el capítulo referido al RENABAP también fue retirado para ser tratado en una instancia posterior.
Uno de los ejes centrales del debate es el alcance que debe tener el derecho de propiedad frente a otros intereses colectivos. Mientras especialistas en derecho ambiental advierten que una reducción de las regulaciones puede debilitar herramientas de protección sobre ecosistemas, acceso al suelo y bienes comunes, desde el oficialismo sostienen que la reforma busca fortalecer la seguridad jurídica y favorecer las inversiones.
Otro de los puntos que permanece bajo análisis es la modificación de la Ley de Manejo del Fuego. Quienes cuestionan el proyecto consideran que las restricciones incorporadas tras los incendios de 2020 fueron diseñadas para desalentar cambios de uso del suelo luego de los focos ígneos, mientras que desde el Gobierno afirman que la intención es evitar perjuicios para propietarios que no hayan provocado incendios de manera intencional.
La discusión también mantiene abiertas diferencias sobre el rol del Estado en la regulación del territorio y la protección ambiental. Organizaciones socioambientales sostienen que la iniciativa implica un retroceso respecto de herramientas creadas para prevenir daños ambientales, mientras que el oficialismo defiende que las modificaciones apuntan a eliminar restricciones que considera excesivas y a devolver mayores facultades a las provincias en la administración de sus recursos.
