En una votación ajustada que concluyó con 124 votos afirmativos, 119 negativos y 6 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La postura adoptada por el bloque de diputados cordobeses de Provincias Unidas resultó determinante para que el oficialismo lograra convalidar la iniciativa. Juan Schiaretti, Alejandra Torres, Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca y Carolina Basualdo se abstuvieron.
Durante el debate parlamentario, el bloque de La Libertad Avanza tuvo que ceder en la derogación de la Ley de Tierras dispuesta originalmente en el DNU 70/2023.
Ante la presión de distintos sectores de la oposición, el oficialismo reincorporó la vigencia de las restricciones impuestas en 2011 para la adquisición de campos por parte de extranjeros.
Al haber sufrido modificaciones sustanciales respecto de la sanción original de la Cámara Alta, el texto deberá regresar al Senado de la Nación.
Los senadores deberán definir en segunda revisión si aceptan los cambios introducidos en Diputados o si insisten con el proyecto original.
Diputados también discutió cambios en el régimen de expropiaciones y agilización de desalojos
El marco normativo aprobado establece requisitos más estrictos para que el Estado efectúe expropiaciones, exigiendo la declaración previa de utilidad pública y una indemnización a valor de mercado que contemple el lucro cesante.
Analistas señalan que esta exigencia encarecerá y dificultará la ejecución de obras públicas que requieran tierras privadas, según citó el medio Infobae.
Asimismo, la ley incorpora un esquema sumarísimo para acelerar los juicios de desalojo en inmuebles usurpados o con contratos vencidos. La medida establece una intimación previa de 10 días corridos por falta de pago y habilita la desocupación inmediata bajo caución juratoria dictada por el juez interviniente.
En aquellos casos donde habiten menores, adultos mayores o personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, el magistrado deberá dar intervención a los organismos correspondientes.
Estos contarán con un plazo máximo de 10 días para brindar una solución habitacional transitoria, sin interferir en el avance del trámite judicial.
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