Este miércoles 8 de abril de 2026, la Cámara de Diputados discute la reforma de la Ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción del Senado. La iniciativa, impulsada por el oficialismo, busca otorgar a las provincias la potestad de definir qué áreas glaciales y periglaciares deben protegerse y cuáles pueden habilitarse para la minería, siempre que no se afecte el aporte hídrico.
Los cambios propuestos
- Definición de glaciar y periglaciar: se restringe la protección a zonas con aporte hídrico comprobable.
- Minería habilitada: glaciares de roca o escombros podrían quedar fuera de la protección, permitiendo explotación minera.
- Competencia provincial: las provincias decidirían qué áreas son reservas estratégicas de agua.
- Impacto económico: el gobierno sostiene que la reforma destrabaría inversiones millonarias en cobre y otros minerales.
Posturas enfrentadas
El oficialismo defiende la reforma como una vía para dinamizar la economía y atraer inversiones. Sin embargo, especialistas y organizaciones ambientales advierten que limitar la protección de glaciares pone en riesgo reservas vitales de agua dulce, en un contexto de crisis hídrica global y retroceso de los hielos por el cambio climático.
Desde la oposición, varios bloques anticiparon su rechazo. La diputada Natalia de la Sota expresó que está “en las antípodas de Milei” y que no acompañará la iniciativa, mientras que otros legisladores remarcaron que la ley vigente garantiza la seguridad hídrica de comunidades enteras.
Movilizaciones
Organizaciones ambientales y partidos opositores convocaron a marchas en Buenos Aires y en distintas provincias para este miércoles por la tarde, en rechazo a la reforma. La consigna central es “El agua vale más que el oro”.
