Este jueves el Senado debatirá un proyecto para modificar la Ley de Glaciares, vigente desde 2010. La iniciativa, impulsada por el oficialismo y acompañada por otros bloques, busca ceder a las provincias la potestad de decidir qué áreas se consideran reservas estratégicas de agua dulce y cuáles pueden habilitarse para la actividad minera. Según el gobierno, este cambio permitiría destrabar inversiones millonarias en proyectos de cobre y otros minerales.
La propuesta también redefine el concepto de glaciar y periglaciar. En lugar de una prohibición absoluta, plantea que solo se protejan aquellas zonas con un aporte hídrico relevante y comprobable. Esto significa que glaciares de roca o de escombros, con menor contenido de hielo, podrían quedar fuera de la protección y habilitar la explotación minera en áreas antes vedadas.
El punto más polémico es que los glaciares son reservas vitales de agua dulce. Alimentan ríos, sostienen la agricultura y garantizan agua para comunidades enteras. Sin embargo, ya están en retroceso por el cambio climático, con pérdidas de superficie documentadas en distintas regiones de la cordillera. Limitar su protección podría agravar la disminución de estas reservas en un contexto de crisis hídrica global.
Por eso, mientras el oficialismo defiende la reforma como una vía para atraer inversiones y dinamizar la economía, especialistas y organizaciones ambientales advierten que el proyecto pone en riesgo la seguridad hídrica y los ecosistemas de montaña, comprometiendo el futuro de millones de personas que dependen de esas fuentes de agua.
