La inteligencia artificial ya forma parte de la vida cotidiana de millones de personas. Sin embargo, su uso en ámbitos sensibles como el derecho genera cada vez más preocupación entre especialistas, especialmente por los errores que pueden derivar de confiar ciegamente en respuestas generadas por algoritmos.
El debate volvió a tomar fuerza tras un insólito caso ocurrido en Paraguay. José Félix Olmedo Aquino, un hombre de 44 años, consultó a ChatGPT sobre dos órdenes de captura que pesaban en su contra y recibió una respuesta tranquilizadora: según la inteligencia artificial, las causas ya estaban prescriptas debido al tiempo transcurrido. Convencido de que su situación estaba resuelta, acudió a la Defensoría Pública para regularizar sus antecedentes. Sin embargo, al verificar sus datos, las autoridades comprobaron que las órdenes seguían vigentes y fue detenido en el acto. Las causas estaban vinculadas al incumplimiento del deber alimentario y a una declaración de rebeldía.
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El abogado César Rodríguez Galíndez advirtió que la inteligencia artificial puede ser una herramienta valiosa para agilizar procesos y analizar grandes volúmenes de información, pero remarcó que nunca debe reemplazar el criterio profesional. “La inteligencia artificial ha revolucionado el trabajo porque procesa enormes cantidades de información en muy poco tiempo. El problema es que muchas veces da respuestas inventadas y quien la utiliza puede no advertirlo”, explicó en diálogo con InformateSalta.
Según detalló, uno de los principales riesgos es lo que técnicamente se conoce como “alucinaciones”: situaciones en las que la inteligencia artificial genera información falsa, pero presentada como si fuera real. “La inteligencia artificial nunca se va a quedar sin respuesta. Aun ante la pregunta más compleja, siempre te va a responder algo. El problema es que si no tiene la respuesta correcta, la inventa”, sostuvo.
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Rodríguez Galíndez señaló que ya existen antecedentes de abogados sancionados y de sentencias judiciales cuestionadas por el uso inadecuado de estas herramientas. “Hay casos en Salta donde se remitieron antecedentes al Tribunal de Ética por el uso de jurisprudencia falsa generada por inteligencia artificial. También existen situaciones donde se revisaron decisiones judiciales porque se comprobó que habían sido redactadas utilizando estas herramientas”, indicó.
Para el especialista, el problema no radica en la utilización de la tecnología sino en la falta de control humano sobre el resultado final. “Cuando un abogado o un juez firma un escrito, una demanda o una sentencia, asume responsabilidad sobre todo lo que está escrito allí. Si la información es falsa o incorrecta, las consecuencias también recaen sobre quien firmó”, explicó.
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El abogado remarcó que el derecho no funciona con respuestas automáticas, ya que cada situación tiene características particulares que deben analizarse individualmente. “El derecho trabaja con normas generales aplicadas a casos concretos. Siempre hay particularidades, excepciones, contextos y circunstancias específicas que hacen que cada caso sea distinto”, señaló.
Además, recordó que la legislación cambia constantemente, mientras que muchas plataformas de inteligencia artificial trabajan con información que puede quedar desactualizada. “No todas las herramientas están adaptadas a la normativa vigente. Las leyes cambian, aparecen nuevos decretos, nuevas reglamentaciones y eso muchas veces no está incorporado”, afirmó.
La consulta profesional sigue siendo clave
Rodríguez Galíndez insistió en que la inteligencia artificial puede servir como herramienta de apoyo, pero nunca como reemplazo de un profesional capacitado. “Puede ayudar, pero cualquier consulta importante debe hacerse con el profesional adecuado. Es la única persona que puede analizar el caso concreto y brindar un asesoramiento responsable”, sostuvo.
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Y concluyó: “La diferencia es que el profesional tiene matrícula, responsabilidades y puede responder por lo que aconseja. La inteligencia artificial no”.
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