El fiscal federal de Río Cuarto, Rodolfo Cabanillas, instó al procesamiento de los cinco docentes e investigadores imputados por el uso indebido de laboratorios de la Facultad de Ciencias Exactas en la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC).
Por presunto peculado, administración infiel y defraudación, están imputados los empleados de la UNRC y del Conicet Oscar Masciarelli, Lucas Gallarato, Analía Llanes, Julia Iparraguirre y Judith Reynaga.
Los primeros habían sido detenidos a fines de abril y, el 22 de mayo fueron excarcelados por decisión del juez federal Carlos Ochoa.
Para Cabanillas, además de dictar su procesamiento, el juzgado debería volver a ordenar la detención de los imputados. Ochoa le delegó la investigación al fiscal en diciembre de 2024. Según el fiscal, en libertad los acusados habrían intentado entorpecer la investigación.
De acuerdo a trascendidos, hay una persona ajena a la UNRC que fue detenida por presuntamente haber colaborado con una de las imputadas para ocultar pruebas.
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Según la investigación, entre enero del 2022 y fines del 2024, cuando fueron privados de su libertad, los imputados habrían sustraído insumos y utilizado equipos de la UNRC para hacer estudios que cobraban de manera particular.
Incluso fuera del horario laboral y los fines de semana habrían usado los laboratorios 5 y 6 del departamento de Fisiología Vegetal y el número 17 del departamento de Biología Molecular de la facultad de Ciencias Exactas, Físico, Químicas y Naturales.
Se presume que vendieron a más de media docena de empresas ensayos agro biotecnológicos hechos con alta tecnología de la casa de altos estudios.
La denuncia fue hecha por el abogado de una docente en el programa Así Son las Cosas de Río Cuarto. En principio, la UNRC realizó un sumario pero no decidió sanciones por considerar que los hechos no habrían sido cometidos por docentes bajo su dependencia sino por empleados del Conicet.
Recientemente, a través de la rectora Marisa Rovera (quien fue decana de la facultad de Exactas) la UNRC pidió ser querellante en la causa federal. El juez Carlos Ochoa descartó por el momento que pueda tener participación.
En la presentación formulada ante el Juzgado, la UNRC dijo considerarse “ofendida” por los delitos de acción pública que se investigan.
La UNRC menciona que los imputados se desempeñan como docentes y dependientes del Conicet y que habrían desarrollado conductas que constituirían los delitos de administración infiel, defraudación en perjuicio de la administración pública y peculado en perjuicio de la UNRC.
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Entre otros argumentos, se señala que la universidad habría sido perjudicada económicamente por este accionar. Versiones dan cuenta de que algunos de los imputados hasta habrían cobrado “horas extras” del Estado cuando estaban trabajando para un cliente privado.
El juez Ochoa deja sentado que se están investigando hechos perpetrados en perjuicio de la administración pública, la UNRC y el Conicet. Señala que las personas imputadas habrían utilizado bienes (insumos, instalaciones y tecnología) en virtud de su función, para beneficio personal y en perjuicio de la sociedad toda.
Advierte que en esta “etapa temprana” de la investigación, aún pueden surgir nuevos sujetos, internos o externos a la institución, que hayan intervenido en los hechos a título de autor, cómplice o instigador, razón por la cual una admisión del pedido podría conspirar contra el éxito de los fines de la investigación.
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Con todo, por ahora la UNRC no tendrá acceso a la causa.
En tanto, pese a la advertencia de la Fiscalía en torno a que algunos de los imputados podrían estar obstaculizando la investigación, Ochoa no consideró necesario que los imputados estén privados de su libertad en esta instancia. Se presume que el magistrado recién resolverá su situación después de la feria judicial de julio.
