Las principales comisiones legislativas de la Unicameral avanzaron en el análisis de un proyecto que propone conformar la Procuración Penitenciaria de la Provincia, un nuevo organismo dentro del Poder Judicial con plena autonomía funcional.
La iniciativa —impulsada por la legisladora Nadia Fernández— comenzó a ser tratada en el ámbito de las comisiones de Seguridad; Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y Legislación General. El expediente apunta a establecer una estructura dedicada exclusivamente a la defensa y supervisión de los derechos de las personas privadas de libertad bajo jurisdicción provincial. Esto incluye cárceles, alcaidías, centros socioeducativos para adolescentes y cualquier otro espacio donde se ejecute una medida restrictiva de la libertad.
Fernández destacó que la propuesta surge como respuesta a las inquietudes que continúa generando el funcionamiento del sistema penitenciario. Según remarcó, la creación del organismo permitiría evitar arbitrariedades, ordenar prácticas y reforzar la política de control, además de prever un enfoque especial para los adolescentes sometidos al régimen penal juvenil.
El diseño institucional contemplado prevé una Procuración Penitenciaria General, tres Procuraciones Adjuntas y una Secretaría Técnica. Sus autoridades serían nombradas por el Poder Ejecutivo, con el aval de la Legislatura provincial.
Entre sus atribuciones centrales se encuentran la inspección y supervisión de todos los lugares de detención, la elaboración de recomendaciones y requerimientos formales a organismos estatales y la capacidad de solicitar medidas urgentes frente a situaciones de vulneración de derechos. La falta de colaboración con estas tareas se considerará una falta grave.
Otro punto clave es la protección de las comunicaciones entre el organismo y las personas detenidas, que serán inviolables y no podrán ser objeto de controles ni interferencias por parte de ninguna autoridad.
El proyecto continuará su recorrido en próximas reuniones de comisión. Desde sus fundamentos, se destaca que el Estado tiene la obligación de asegurar condiciones adecuadas de detención y que esto exige contar con estructuras especializadas para evaluar riesgos, garantizar estándares y actuar ante situaciones que afecten derechos fundamentales. Además, se aclara que la Procuración no interferirá con el rol del Ministerio Público Fiscal ni con otros mecanismos de control existentes, sino que se sumará para fortalecer el sistema conforme a estándares nacionales e internacionales.
