El Gobierno de Córdoba presentó una denuncia penal contra el Tribunal de Cuentas provincial por haber frenado una licitación destinada a la compra de drones para tareas de seguridad. La presentación fue realizada por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quien solicitó la intervención del Ministerio Público Fiscal para que investigue la actuación del organismo de control.
La denuncia apunta a la intervención del Tribunal de Cuentas en el Expediente Administrativo N.º 0002-050337/2025, mediante el cual se observó el gasto y se negó el visado necesario para avanzar con la compra de drones Harpia, una operación valuada en US$ 6,8 millones.
Según explicó el funcionario, el planteo judicial busca determinar si la resolución del Tribunal se ajustó a los límites legales del control preventivo de juridicidad o si, por el contrario, existió una extralimitación de funciones que podría encuadrar en un posible abuso de autoridad.
Desde el Gobierno que encabeza Martín Llaryora, sostuvieron que el Tribunal de Cuentas habría fundamentado su decisión en criterios de oportunidad, mérito o conveniencia, aspectos que —según remarcaron— están legalmente vedados al organismo de control. En ese sentido, advirtieron que la medida podría constituir una injerencia indebida en atribuciones propias del Poder Ejecutivo y una afectación al principio de división de poderes.
“En razón de la gravedad institucional de los hechos y ante la posible comisión de delitos vinculados al ejercicio abusivo de la función pública, se promovió la correspondiente acción para que la Justicia determine el alcance y la legalidad de la actuación desplegada”, señala el escrito presentado ante la Justicia.
El conflicto se inscribe en el marco de la licitación para la incorporación de drones de alta tecnología destinados a reforzar tareas de prevención y control en materia de seguridad pública, una iniciativa que quedó en el centro de la polémica política provincial.
Al justificar la denuncia, Quinteros afirmó: “Sin elementos para sostener acusaciones y agravios de extrema gravedad, muchos de ellos de carácter personal, entendemos que, en nuestra calidad de funcionarios públicos, corresponde realizar esta denuncia penal para que sea la Justicia quien tenga la última palabra”.
El ministro sostuvo además que se está ante un claro abuso de autoridad, con el objetivo de obstaculizar de manera indefinida la incorporación de tecnología clave para la seguridad ciudadana y, al mismo tiempo, brindar un marco discursivo para lo que definió como una campaña “falaz y estigmatizante” impulsada desde sectores opositores.
En ese contexto, cuestionó el uso de expresiones como “fraude”, “corrupción”, “traje a medida”, “sobreprecios” o “cajas negras”, utilizadas en el debate público sobre la licitación. “Dichas con semejante liviandad e irresponsabilidad, no pueden quedar sin consecuencias. Todo tiene un límite”, concluyó.
La denuncia judicial profundiza el cruce entre oficialismo y oposición en la antesala del período legislativo 2026, donde la compra de drones y el endeudamiento provincial se consolidaron como uno de los principales focos de tensión política en Córdoba.
