El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, envió el pasado domingo a la Legislatura provincial el pliego de Jessica Valentini como vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), desatando una ola de reacciones en la arena política. La propuesta incluye también a Pablo Bustos Fierro y Pablo Pupich como Defensor General y Defensor Adjunto del Ministerio Público de la Defensa, respectivamente, pero el foco de las críticas se concentró en Valentini, vinculada al radicalismo, lo que generó tensiones tanto dentro como fuera del oficialismo.
Aunque Valentini cuenta con una destacada trayectoria en la función pública, incluyendo también su rol como cofundadora de COMIPAZ y Defensora Adjunta del Pueblo, su vinculación con el radicalismo y su relación con Llaryora han generado una gran controversia, llevando a algunos bloques a cuestionar su designación e incluso se comenzó a debatir sobre la independencia que debería caracterizar al Poder Judicial.
Críticas desde el justicialismo y la oposición
Desde el mismo espacio político de Llaryora surgieron voces disidentes. Olga Riutort, extitular del PAMI, cuestionó la decisión del gobernador y através de sus redes sociales expresó su rechazo a esta designación: “Habiendo tantas mujeres probas, de reconocida experiencia y que no vengan de extracción radical, el gobernador hoy propone como miembro del TSJ a una militante de la UCR. Pareciera que con Llaryora si sos radical te va mejor que siendo del justicialismo”.
En una línea similar, la legisladora Nadia Fernández expresó su desacuerdo, aunque reconoció la capacidad profesional de Valentini: “No pongo en duda la capacidad profesional de la Dra. Valentini, pero no estoy de acuerdo con que una militante radical sea propuesta al TSJ. En el justicialismo hay mujeres con gran trayectoria judicial que también podrían ocupar ese lugar”.
Desde la oposición, las críticas fueron aún más contundentes. El senador Luis Juez afirmó que Valentini “trabaja para el poder” y agregó: “No estaría dando resultados llenar al TSJ y al Ministerio Público de amigos, punteros políticos. Es una picardía de Llaryora… no creo en la Justicia de los parientes”.
Por su parte, Walter Nostrala, presidente del bloque del Frente Cívico, adelantó que su espacio no apoyará la designación. “Rechazamos el ingreso de punteros políticos o militantes partidarios a un poder tan importante como el encargado de impartir justicia a los cordobeses. Nos merecemos algo mejor”, sentenció.
Luciana Echevarría, legisladora de izquierda, también expresó su desacuerdo, aunque bajo una perspectiva diferente. La legisladora, fiel a su estilo, cuestionó que el poder político sea quién designe estos cargos: “No acordamos que los fiscales, jueces sean elegidos por el poder político. Hay un intercambio de favores entre estos partidos, independientemente de la persona que se postula. No vamos a apoyar”.
Las repercusiones
La designación de Valentini dejó en evidencia las tensiones entre el peronismo y el radicalismo, pero también expuso las grietas internas en la coalición gobernante. El rechazo unificado de gran parte de la oposición y la abstención de algunos sectores dejaron en claro la falta de consenso en torno a la designación de ValentiNI. Ahora, solo resta conocer si los legisladores aprobarán o no el pliego, que promete ser una prueba crucial para la gobernabilidad de Llaryora.
