Últimamente ha surgido la noción del declive, pérdida de relevancia, o inclusive el ocaso del multilateralismo. Ello a partir del desprecio que la Administración Trump ha mostrado por ese método de relacionamiento internacional y por organismos que lo encarnan, como la ONU, la UNESCO, la OTAN, la OMC, la OMS y otros; su preferencia es por el nacionalismo y el unilateralismo/intervencionismo asertivo sino agresivo o por relaciones bilaterales transaccionales. Ejemplo de ello es la quirúrgica intervención militar (3 de enero, 2026) que extrajo al dictador venezolano, Nicolás Maduro y su esposa, de su “bunker” en Caracas.
Estos desarrollos, sin embargo, han desviado la atención pública de acontecimientos recientes en el hemisferio y del desempeño de la OEA (sus Estados miembros y la Secretaría General) en defensa de la democracia y los derechos humanos –que contradicen lo vaticinado sobre el ocaso del multilateralismo y de organismos internacionales.
En ese sentido se destacan sus recientes misiones de observación electoral y de seguimiento y facilitación política para prevenir la manipulación y distorsión del proceso electoral, la ruptura del estado de derecho y el legítimo ejercicio del poder de las autoridades electas en buena lid en Guatemala y Honduras; o el plan de acción y los esfuerzos de cooperación para restituir la seguridad ciudadana y política en Haití, así como para organizar y garantizar un proceso electoral seguro y confiable que termine en la instalación de un gobierno legítimo y durable en ese país; o el seguimiento y continuos llamados de los Estados miembros en el Consejo Permanente, del Secretario General y de la CIDH a los regímenes dictatoriales de Nicaragua y Venezuela para que liberen su presos políticos (perseguidos, encarcelados, torturados, desterrados), e inicien un proceso de apertura política que conduzca a la realización de elecciones democráticas.
En el caso venezolano, luego de la extracción militar del dictador Maduro, en el Consejo Permanente se produjo un debate entre países que priorizaron condenar la violación del derecho internacional tradicional (no-intervención, soberanía, integridad territorial, solución pacífica de controversias, etc), y otros que condenaron la violación del derecho a la democracia y de los derechos humanos por la tiranía venezolana; y aún otros que abogaron por el respeto de ambos derechos –consagrados en la Carta de la OEA y en su Carta Democrática Interamericana. Los Estados miembros han ofrecido también su cooperación para encausar una acción colectiva de apoyo a la restauración de la democracia en Venezuela.
Estas actuaciones reflejan una continua preocupación de los Estados miembros por los retrocesos y transgresiones que la democracia y los derechos humanos han sufrido en los miembros mencionados; pero también reflejan sus continuo involucramiento y búsqueda de soluciones colectivas, pacíficas, negociadas, a esos desafíos en el marco de la Organización.
Lo que indica la persistente relevancia y utilidad de la Organización, de sus normas, principios e instrumentos multilaterales, que la ubican como el principal foro político/diplomático del hemisferio para la defensa y la promoción de la democracia y los derechos humanos –como quedó establecido en las reformas a su Carta en 1985 y en la Carta Democrática en 2001.
Sin embargo, tampoco se puede obviar los condicionantes normativos y contextuales que limitan su desempeño ante amenazas al orden democrático en un miembro. La OEA no es un organismo supranacional, autónomo, separado de sus miembros, ni dispone de una fuerza armada para hacer cumplir las decisiones colectivas. Sus cuerpos multilaterales (Asamblea General, Reunión de Consulta, Consejo Permanente) pueden autorizar el uso colectivo de la fuerza, en caso de una amenaza a la seguridad de sus miembros, o la imposición de sanciones diplomáticas o económicas en caso de transgresiones contra el orden democrático y/o los derechos humanos en un miembro.
Pero esas autorizaciones entre sí en última instancia quedan sujetas a la decisión final de cada uno de sus miembros, de participar o no en la ejecución de la medida. Además, su actuación siempre depende de la cohesión política/ideológica y consenso diplomático que exhiben o entre si sus miembros. En su ausencia, reina la parálisis colectiva o el unilateralismo.
A pesar de tales limitaciones estructurales y del desdeño de la Administración Trump por el multilateralismo, éste es todavía imprescindible, obligatorio si se quiere, para enfrentar los desafíos transnacionales impuestos por la globalización e interdependencia actual en el mundo –realidad que no desaparecerá pese a quien le pese. Por eso quizás sea el momento de revitalizar el multilateralismo interamericano encarnado en la OEA, con nuevas reformas a su Carta para robustecer su capacidad político/diplomática de prevenir la ruptura del orden democrático en cualquier Estado miembro, o en su defecto para restaurarlo.
La democracia y los derechos humanos son condición indispensable para la paz, la seguridad y la prosperidad –como lo establecieron sus miembros. (Posibles reformas se sugieren en mi reciente libro: La OEA ante los Desafíos a la Democracia en las América. Editorial Contexto, 2025).
Pero la responsabilidad y el liderazgo de esa imperiosa reforma recae hoy día en los Estados miembros menos poderos o “potencias medias”, que son los que más necesitan y se benefician del multilateralismo, como sugirió el primer ministro canadiense Mark Carney. ¿Estarán a la altura?
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