El Tribunal de Cuentas, tradicionalmente un apéndice del Poder Ejecutivo, se ha visto bajo los reflectores tras la reciente difusión de su nómina de empleados y contratados. En un gesto de transparencia que ha sido bien recibido por algunos pero que no ha estado exento de controversia, los vocales del organismo, Fernanda Leiva y Beltrán Corvalán, divulgaron la lista sin la necesidad de activar un pedido formal de acceso a la información pública. Este contraste con la opacidad que prevaleció en la Legislatura provincial, donde el proceso llegó hasta la Justicia, genera tanto elogios como dudas sobre la gestión en un organismo tan clave para el control del gasto público.
El Tribunal, que pasó a manos del juecismo tras la elección de 2023, ahora cuenta con 278 empleados, tres más que cuando asumió el nuevo control. Leiva, presidenta del organismo, defendió la incorporación de personas de confianza, destacando la necesidad de contar con un equipo leal para analizar expedientes de gasto por miles de millones de pesos. Sin embargo, la vinculación de varios de estos empleados con el líder del Frente Cívico, Luis Juez, ha generado una serie de críticas sobre la presencia de familiares y aliados políticos en cargos clave.
Entre los nombres que destacan en la nómina se encuentran Ezequiel Andrada, yerno de Juez, así como sus sobrinos Gonzalo Sucheki y Lourdes Alcaraz Juez. Mientras que algunos de ellos ocupan cargos de contratación, Alcaraz se desempeña como jefa de área. Otros nombres, como Eugenia López Tulián, esposa de Julio Farías (prometido jefe de Policía en 2023), y varios exfuncionarios cercanos a Juez, como Mabel Serafín y Gustavo Merletti, refuerzan la percepción de que el organismo está siendo utilizado como una plataforma política para el clientelismo.
La crítica no se limita a la gestión del juecismo. Silvina Rivero, la vocal oficialista que también tiene a su cargo la designación de contratados, cuenta con un equipo que incluye a figuras de confianza como Julio Comello y Manuel Pirani, quienes ocupan roles clave dentro del Tribunal de Cuentas. Esta dualidad de intereses entre el oficialismo y la oposición alimenta las tensiones sobre la independencia y transparencia del organismo de control.
En una nota más positiva, el Tribunal de Cuentas logró detectar recientemente un posible sobreprecio en un alquiler de cocheras destinado a funcionarios del Ministerio de Infraestructura, lo que llevó al rechazo de la autorización del gasto. Este tipo de acciones refuerzan la imagen de un organismo que, bajo el control del juecismo, se muestra dispuesto a ejercer su función de auditoría y fiscalización.
Leiva, en defensa de su gestión, destacó que el Tribunal había mejorado la eficiencia desde su asunción, con la reducción del tiempo de revisión de expedientes de 90 a 15 días. Sin embargo, las sospechas sobre el nepotismo y el uso político de los nombramientos persisten, especialmente cuando se observa que gran parte de la estructura directiva del Tribunal sigue estando influenciada por la mayoría política, como ocurre con la presencia de figuras clave como Zorka Jure y Malena Martínez, cuyos vínculos con el juecismo y el Frente Cívico son bien conocidos.
Finalmente, el Tribunal de Cuentas enfrenta el reto de equilibrar la transparencia con las críticas sobre la concentración de poder y el posible uso de este organismo como un centro de recompensas políticas. Aunque las reformas introducidas por el nuevo liderazgo pueden haber mejorado la eficiencia, el debate sobre la integridad y la independencia del Tribunal de Cuentas sigue abierto.
