El impacto por el femicidio de Agostina Vega y la vinculación laboral del único detenido, Claudio Gabriel Barrelier, con la Municipalidad de Córdoba generó repercusiones administrativas y políticas en el Palacio 6 de Julio.
El intendente Daniel Passerini tomó la decisión de enviar un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante con el objetivo de extender la exigencia del narcotest y el control de antecedentes a la totalidad de los empleados municipales, no solo a la planta política.
En paralelo a esta medida impulsada por el Ejecutivo, la administración local se puso a “entera disposición de la Justicia” para colaborar con la causa que conmociona a la provincia.
Aportes a la investigación judicial contra Claudio Barrelier
La Municipalidad informó que la asesora letrada, Mariana Sayán, se presentó con documentación ante el fiscal Raúl Garzón, quien lleva adelante la investigación en la Fiscalía de Instrucción del Distrito 3, Turno 7.
Durante la presentación, la funcionaria entregó toda la información recabada sobre el legajo de Barrelier. Entre los documentos aportados se destacan los certificados de antecedentes penales emitidos tanto por el Registro Nacional de Reincidencia como por la Policía de la Provincia de Córdoba.
Asimismo, la asesora letrada adjuntó las constancias que acreditan la no inscripción del imputado en el Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual, junto a otros instrumentos legales vinculados a su contratación. Lo cual resulta un tanto curioso, ya que es documentación con la que seguramente la fiscalía ya contaba.
Finalmente, en el escrito presentado se dejó expresamente asentada la plena disposición del Municipio para ampliar la información aportada y acompañar con cualquier tipo de documentación adicional que resulte necesaria para el avance de la investigación judicial.
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