Cristian Eduardo Pereyra tenía 39 años, era docente y papá de una nena de 3 años. Para completar sus ingresos, trabajaba como chofer de una aplicación. Fue justamente en uno de esos viajes, el sábado 14 a la noche, cuando en la autopista Presidente Perón, en Virrey del Pino, La Matanza, lo asesinaron de tres balazos para robarle el auto. Por el crimen quedó detenido el pasajero, policía de una unidad de la Bonaerense.
Eduardo José Gómez tenía 53 años, era remisero y padre de un hijo de 21. El domingo había salido de su casa en San Justo, La Matanza, a las 6.30, caminando las seis cuadras hasta su trabajo. Por la inseguridad, un compañero pasaba a buscarlo. Ese día se demoró y el hombre decidió no esperarlo. Murió desangrado en la calle, pidiendo clemencia, cuando dos motochorros lo balearon para robarle el celular. El mismo desde el cual contestaron un mensaje de la esposa de la víctima: “Sí, llegué bien”, le mentían.
Roberto Peralta tenía 73 años y atendía su almacén en Almirante Brown. Dos hombres entraron a robar al negocio el domingo pasado; lo mataron de cuatro balazos.
Andrés Cerviño tenía 54 años. Fue maniatado y asesinado en su casa de Bacacay 918, Ituzaingó. Sería obra de la misma banda que días atrás asaltó a una jubilada de 89 años en la misma zona.
“Me llamo Brian y ella es Zamira. Nos quisieron robar”, alcanzó a balbucear, antes de desmayarse, el joven de 21 años que junto a su novia de 22 había salido en su moto a comprar unas bebidas, en Quilmes. Según el relato, perdió el control del vehículo cuando advirtió que presuntos motochorros querían asaltarlos. Brian y Zamira luchan por sus vidas.
Así se vive, así vivimos. No importan datos ni estadísticas. En un país menos acostumbrado a naturalizar lo que no es ni natural ni naturalizable, donde la norma no es la regla sino la excepción, cualquiera de estos casos, una muestra aleatoria de los últimos días, merecería toda la atención pública durante semanas o meses. Y una respuesta contundente, o al menos una explicación, de las autoridades competentes..
Acá no sólo el horror de un caso termina ahogado por el horror del siguiente, sino que, lejos de explicaciones o respuestas, de las autoridades competentes no surge ni siquiera una sola palabra. Quizá porque sin distinción de jurisdicciones, en un juego de palabras macabro, no se sientan competentes. No en el sentido de responsabilidad sobre los hechos sino en el de la capacidad o la eficiencia para resolverlos, ocupando los lugares que ocupan.
Aunque no es sólo la competencia; falta también hasta la más mínima empatía. Como si ninguna de las autoridades, provinciales o nacionales, tuviera algo que ver con la inseguridad y con las vidas que se cobra a diario, de una manera cada vez más violenta e impiadosa.
Hace mucho que el Conurbano es tierra de nadie, y que la inseguridad no aparece entre las preocupaciones de Axel Kicillof.
Uno de los puntos más críticos es La Matanza, cuyo intendente, Fernando Espinoza, se ocupó de la causa que lo tuvo denunciado por abuso sexual-ahora ya sobreseído, por “falta de acción”- pero nunca de las familias hartas de perder padres, hijos, nietos, amigos o vecinos a manos de delincuentes.
El gobierno nacional también es un gran ausente en la materia. En su particular concepción de la libertad tal vez piensa que es sólo una cuestión de jurisdicciones. La baja en la edad de imputabilidad puede ser una buena idea, pero de ninguna manera resuelve el problema. Algunos empezarán a delinquir más temprano. Los otros, sin tareas de prevención ni estrategias suficientes para enfrentar la inseguridad, seguirán haciéndolo como hasta ahora
En otra dura crítica, la Iglesia alertó, días pasados, sobre una época en la que “va predominando una ideología de la supervivencia del más fuerte sobre el más débil”, en alusión implícita a la prevalencia del mercado como regulador de la economía. Quizá no ocuparse de la inseguridad sea otra forma de darwinismo social.
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