El juez federal Adrián González Charvay intimó al Gobierno nacional a implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad a partir del 4 de febrero, al establecer un plazo de dos semanas para que se ponga en marcha la normativa aprobada por el Congreso.
En el mismo fallo, el Juzgado Federal de Campana otorgó cinco días al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad para que informen el estado de los trámites necesarios para cumplir con la ley, en el marco de un proceso colectivo iniciado por dos padres y con alcance en todo el país.
La decisión judicial se adoptó aun cuando la Cámara Federal de San Martín no se expidió sobre una apelación presentada por el procurador general de la Nación, Santiago Castro Videla, quien recurrió la orden de aplicación inmediata dispuesta por el magistrado el pasado 12 de diciembre.
La Ley de Emergencia en Discapacidad fue sancionada en julio de 2025, vetada luego por el presidente Javier Milei y finalmente promulgada tras el rechazo del veto por parte del Congreso, aunque el Poder Ejecutivo incorporó posteriormente un artículo para suspender su aplicación, argumentando la falta de precisiones sobre el financiamiento de los gastos previstos en la norma.
