La resolución judicial cuestionó una medida del Ministerio de Seguridad al considerar que avanzó sobre facultades que no le correspondían. Según el fallo, la cartera intentó regular y restringir el derecho constitucional a la protesta a través de una simple resolución administrativa.
El juez fue contundente al señalar que el Poder Ejecutivo no puede limitar derechos constitucionales por vía administrativa. En ese sentido, remarcó que cualquier restricción a garantías fundamentales debe surgir del Congreso y respetar el marco legal vigente.
Además, el fallo fijó límites claros a la actuación del Ejecutivo y reafirmó la vigencia del derecho a manifestarse. La decisión sienta un precedente relevante en el debate sobre seguridad, protestas sociales y división de poderes.
