La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, fue citada a declaración indagatoria por la Justicia porteña en una causa que investiga sus agresiones mediáticas y en redes sociales contra Ian Moche, el activista de 12 años con trastorno del espectro autista (TEA), y su madre, Marlene Spesso. La audiencia fue fijada para el próximo 28 de mayo.
La medida fue dispuesta por el fiscal porteño Hernán Biglino, quien investiga si la legisladora incurrió en conductas encuadradas dentro del artículo 55 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. La denuncia fue presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, exintegrante del bloque oficialista.
El conflicto comenzó luego de que Ian criticara públicamente los recortes del Gobierno nacional en el área de discapacidad. Tras ello, Lemoine realizó declaraciones televisivas y publicaciones en redes sociales cuestionando tanto al menor como a su madre.
Durante una entrevista televisiva, la legisladora afirmó: “Estamos en una sociedad hipócrita en la que una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista”. Además, agregó: “La mamá de Ian Moche no está bien de la cabeza”.
La causa judicial analiza si esos dichos constituyen “maltrato psicológico” mediante humillaciones o ataques a la dignidad. En caso de ser hallada culpable, Lemoine podría enfrentar multas, trabajos comunitarios o hasta cinco días de arresto, aunque este último punto no aplicaría por sus fueros legislativos.
En paralelo, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, representante legal de Ian y su madre, presentó documentación oficial para desacreditar las afirmaciones de la diputada. “La Agencia Nacional de Discapacidad otorgó el Certificado Único de Discapacidad que acredita su pertenencia al espectro autista nivel 1”, sostuvo el letrado.
Además, la familia de Ian Moche impulsó una denuncia por “inhabilidad moral” contra Lemoine y solicitó a la Cámara de Diputados una sanción disciplinaria o incluso su expulsión del Congreso. El caso volvió a instalar un fuerte debate político y social sobre los discursos públicos vinculados a la discapacidad y los límites de la violencia verbal.
Seguí leyendo:
