El común denominador que une a la Vaca Muerta con la Vaca Viva es que ambas apuntalan la macroeconomía, generando una imparable corriente de divisas.
Pero hay un “agujero” entre los grandes proyectos del RIGI y el mundo PyME, que cuenta ahora con el RIMI. En ese agujero anidan muchas de las inversiones que podrían dinamizar el interior productivo. La mayor parte, vinculadas a la agroindustria.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) apunta a proyectos de más de 200 millones de dólares. Esta misma semana se conoció la mayor inversión de la historia en la provincia de Corrientes, con la megaplanta de celulosa de Ituzaingo: 2 mil millones de dólares con puerto sobre el Paraná. En paralelo, las iniciativas para las Pymes también son una gran noticia. Como el alivio fiscal para el riego.
Pero entre ambos extremos quedó un espacio vacío: empresas que no son PyME, pero cuyos proyectos tampoco alcanzan el umbral del RIGI. Un segmento que existe, produce, invierte y genera empleo. Que han sabido crecer a pesar de todas las dificultades. Pero que hoy no tiene instrumentos a medida.
No es un detalle menor. Allí se ubican muchas actividades agroindustriales clave para las economías regionales: olivos, pistachos, nuez pecán, nogales, fruticultura en general, que requiere una reconversión drástica en todos los eslabones. Sumemos el potencial de las proteínas animales, que valorizan la producción agrícola y los residuos agroindustriales: biocombustibles, productos biológicos, maní, arroz. Son sistemas productivos con ciclos largos, intensivos en mano de obra y con fuerte impacto territorial.
No son proyectos “de enclave”, concentrados en un punto del mapa. Son redes que irradian actividad en múltiples localidades, con efecto multiplicador en las cadenas de valor y difunden por todo el interior. Retienen población, con mejor calidad de vida y atraen nuevos proyectos.
Hay dos herramientas fiscales que hacen la diferencia entre invertir o esperar. La primera es la devolución anticipada del IVA sobre las inversiones. En actividades de maduración prolongada, la acumulación de créditos fiscales puede transformarse en un costo financiero significativo. Años de capital inmovilizado que alguien tiene que bancar.
La segunda es la amortización acelerada. Sin ella, el impuesto a las ganancias se calcula sobre resultados contables que no reflejan la realidad del flujo de fondos. Es decir: se paga impuesto antes de haber generado caja. Un contrasentido que castiga especialmente a los proyectos de largo plazo.
Ambos mecanismos están contemplados en los regímenes vigentes. Pero no para este segmento intermedio. El resultado es una desventaja estructural que desalienta inversiones que, sumadas, podrían igualar —o incluso superar— el impacto de los grandes proyectos.
Hay otro punto relevante: el incentivo a la reinversión de utilidades. Hoy está pensado para inversiones dentro de la misma persona jurídica. Pero en la práctica, muchas nuevas iniciativas se canalizan a través de nuevas sociedades o startups dentro de un mismo grupo económico. Si no se reconoce esa realidad, el beneficio pierde efectividad.
¿Qué hacer? La respuesta no parece compleja: avanzar hacia un esquema más horizontal. Extender la devolución anticipada del IVA y la amortización acelerada a todos los proyectos de inversión productiva, independientemente de su escala. Esto no implica sacrificio fiscal, porque simplemente hoy se hace inviable la inversión.
La clave es alinear la carga fiscal con los tiempos reales de la producción. De entender que no todo entra en la lógica de los grandes ni en la escala PyME.
Cerrar esa brecha de elegibilidad es una decisión estratégica. Porque con la economía ordenada gracias a la gran performance que se espera de lo que ya está encarrilado, el motor de desarrollo está en ese espacio intermedio que todavía no supimos ver.
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