El Colegio de Abogados de San Pablo inició una acción judicial contra Enter, una compañía tecnológica valuada en 1.200 millones de dólares. La acusa de invadir tareas reservadas a los profesionales del Derecho. La empresa rechaza las acusaciones y asegura que sus herramientas no sustituyen la intervención humana. Un conflicto que podría marcar un precedente para toda América Latina.
¿Puede una inteligencia artificial definir estrategias judiciales, redactar escritos y gestionar miles de litigios sin sustituir el trabajo de un abogado? ¿Dónde termina la asistencia tecnológica y comienza el ejercicio ilegal de una profesión? ¿Quién responde cuando una decisión procesal es elaborada por un algoritmo?
Estas preguntas, que hasta hace poco parecían formar parte de un debate sobre el futuro de la abogacía, llegaron a los tribunales brasileños y podrían tener consecuencias mucho más allá de sus fronteras.
La sección de San Pablo del Colegio de Abogados de Brasil (OAB-SP) presentó una Acción Civil Pública ante la Justicia Federal contra Enter, una de las empresas de tecnología jurídica de mayor crecimiento de América Latina, a la que acusa de desarrollar y comercializar herramientas de inteligencia artificial que avanzan sobre actividades reservadas legalmente a los abogados.
Dos días después, la sección de Río de Janeiro (OAB-RJ) solicitó incorporarse como demandante, al considerar que el modelo de negocios de la compañía afecta directamente el ejercicio profesional y plantea un desafío institucional para todo el país.
El conflicto enfrenta dos concepciones sobre el futuro del Derecho. Por un lado, los colegios profesionales sostienen que la tecnología puede asistir al abogado, pero nunca reemplazar su capacidad de análisis, decisión y responsabilidad. Por el otro, Enter asegura que sus sistemas permiten automatizar tareas, reducir costos y mejorar la eficiencia sin desplazar la conducción humana de los procesos.
En el centro de la controversia aparece una cuestión que comienza a atravesar los sistemas judiciales del mundo: si una inteligencia artificial puede realizar tareas tradicionalmente reservadas a los abogados, ¿cuáles son los límites legales y éticos de esa intervención?
Un unicornio en el centro de la controversia
La demandada no es una compañía tecnológica más. Fundada en San Pablo en 2023, Enter protagonizó uno de los crecimientos más acelerados del ecosistema latinoamericano de inteligencia artificial.
En mayo de 2026 se convirtió en el primer unicornio nativo de inteligencia artificial (AI-First) de América Latina, después de alcanzar una valuación de 1.200 millones de dólares mediante una ronda de inversión Serie B de 100 millones.
La compañía consiguió ese estatus apenas 18 meses después de su primera ronda de financiamiento, un plazo extraordinariamente breve para una empresa tecnológica.
A lo largo de su desarrollo acumuló inversiones por 140,5 millones de dólares y atrajo a algunos de los fondos de capital de riesgo más importantes del mundo, entre ellos Founders Fund, vinculado al empresario Peter Thiel, Sequoia Capital, Ribbit Capital y Kaszek.
Detrás del proyecto se encuentran tres fundadores con perfiles diferentes.
Mateus Costa-Ribeiro es abogado, se graduó a los 18 años y obtuvo una maestría en Derecho en la Universidad de Harvard. Además, es reconocido por haberse convertido en el abogado más joven en ganar un caso ante el Supremo Tribunal Federal brasileño.
Michael Mac-Vicar, de origen chileno, es cofundador de Wildlife Studios, una de las compañías de videojuegos más destacadas de la región.
El tercer integrante, Henrique Vaz, cuenta con antecedentes en Tesla y Wildlife Studios y obtuvo más de veinte medallas en competencias de matemáticas e informática.
La combinación de conocimientos jurídicos, experiencia empresarial y desarrollo tecnológico permitió construir una plataforma orientada a uno de los mercados judiciales más grandes del mundo.
Brasil cuenta con más de 80 millones de expedientes activos, una dimensión que representa aproximadamente ocho veces el volumen de litigios de Estados Unidos.
Ese escenario convirtió al país en un terreno especialmente atractivo para el desarrollo de herramientas destinadas a gestionar procesos judiciales de manera masiva.
Una inteligencia artificial que no solo redacta escritos
A diferencia de los sistemas conversacionales tradicionales, Enter utiliza inteligencia artificial agéntica, una tecnología diseñada para ejecutar tareas complejas mediante procesos automatizados y especializados.
Su plataforma está orientada principalmente a la gestión de litigios masivos en materia de consumo y conflictos laborales.
Entre las funciones que se atribuyen al sistema aparecen la lectura y el análisis de expedientes, la elaboración de escritos judiciales, la formulación de estrategias procesales, el cálculo de propuestas de acuerdo y la búsqueda de elementos probatorios.
También incorpora herramientas de jurimetría, una disciplina que utiliza estadísticas y análisis de datos para estudiar el comportamiento de los tribunales, identificar tendencias jurisprudenciales y evaluar posibles resultados de los litigios.
La plataforma incluye, además, mecanismos para detectar eventuales fraudes y situaciones de litigancia abusiva.
Según la información difundida por la compañía, sus sistemas procesan más de 300.000 demandas judiciales al año y son utilizados por más de 60 grandes clientes corporativos.
Entre ellos aparecen entidades financieras y empresas internacionales como Nubank, Bradesco, Mercado Livre y Airbnb.
Enter también informó que sus ingresos se multiplicaron por diez durante un año y promociona experiencias de clientes que reportaron ahorros de hasta un millón de dólares en la gestión de aproximadamente 5.000 procesos judiciales.
Precisamente, esa capacidad de automatización y su comercialización directa a grandes empresas constituyen el núcleo de la controversia judicial.
La acusación de los abogados: “Abogacía sin abogado”
La posición de la OAB-SP puede resumirse en una frase que se convirtió en el eje de su planteo institucional: “La OAB-SP no está en contra de la tecnología; está en contra de la abogacía sin abogado”.
La entidad reconoce que la inteligencia artificial puede mejorar la eficiencia del trabajo jurídico, pero sostiene que existen límites que no pueden ser superados por razones comerciales o tecnológicas.
Leonardo Sica, presidente de la organización, cuestionó especialmente que Enter no comercialice sus soluciones únicamente a estudios jurídicos o abogados independientes, sino directamente a grandes compañías.
Según su interpretación, ese modelo permitiría a las empresas reemplazar parte de la actividad profesional mediante sistemas automatizados, reduciendo la intervención de los abogados a una instancia meramente formal.
La preocupación no se limita a la redacción de documentos.
Para la entidad, el problema aparece cuando una herramienta tecnológica deja de funcionar como asistente y comienza a asumir tareas de análisis, interpretación normativa y definición de estrategias procesales.
En ese escenario, advierte sobre el riesgo de que los abogados contratados por las empresas terminen limitándose a firmar digitalmente documentos elaborados por una inteligencia artificial, sin disponer del tiempo o de las condiciones necesarias para realizar una revisión crítica.
La organización también cuestiona las estrategias comerciales que prometen resultados favorables en un elevado porcentaje de procesos o reducciones sustanciales de costos.
Desde su perspectiva, la administración de justicia no puede quedar subordinada exclusivamente a indicadores de productividad o rentabilidad empresarial.
El argumento central es que la responsabilidad civil, ética y disciplinaria del abogado resulta personal e intransferible. Por lo tanto, ninguna herramienta tecnológica puede sustituir las obligaciones que la legislación brasileña impone a los profesionales habilitados.
Qué le piden concretamente a la Justicia
La acción presentada por la OAB-SP no busca únicamente abrir una discusión doctrinaria sobre el uso de inteligencia artificial.
La entidad solicita medidas cautelares y una serie de restricciones definitivas sobre el funcionamiento y la comercialización de la plataforma.
En primer lugar, reclama que se preserve y permita inspeccionar la evidencia vinculada al funcionamiento interno de los sistemas y algoritmos utilizados por Enter.
También pretende que se suspendan las campañas publicitarias que presenten la tecnología como un reemplazo de los abogados o que prometan determinados resultados judiciales y reducciones de costos.
Otra de las medidas solicitadas consiste en impedir nuevas contrataciones de funcionalidades vinculadas al ejercicio profesional cuando no se encuentre previamente identificado un abogado responsable.
Sin embargo, el planteo de mayor impacto comercial es el pedido para que Enter solo pueda ofrecer determinadas herramientas a estudios jurídicos y profesionales matriculados, y no directamente a departamentos legales de compañías que no ejercen la abogacía.
De prosperar, esa restricción podría obligar a modificar una parte sustancial del modelo de negocios de la empresa.
La OAB-SP también exige que exista supervisión humana obligatoria, verificable y auditable en todas las etapas de elaboración de documentos y decisiones jurídicas.
En particular, solicita que la formulación de estrategias procesales y la redacción de escritos que impliquen ejercicio profesional permanezcan bajo responsabilidad efectiva de abogados habilitados.
Entre las garantías operativas reclamadas figuran el registro de las decisiones estratégicas, la identificación de las fuentes utilizadas por los sistemas, la disponibilidad de tiempo suficiente para revisar los documentos y el derecho del profesional a rechazar las recomendaciones elaboradas por la inteligencia artificial.
La presentación incorpora, además, un pedido de auditorías técnicas independientes para examinar el funcionamiento y la imparcialidad de la plataforma.
Finalmente, cuestiona que la remuneración de una empresa tecnológica pueda quedar vinculada al éxito de los litigios o a porcentajes predeterminados de reducción de desembolsos judiciales.
Los datos personales, otro frente de conflicto
La controversia también incorpora un capítulo relacionado con la privacidad y el tratamiento de información sensible.
La OAB-SP pretende que se esclarezca cómo se utilizan los datos personales contenidos en los expedientes judiciales y cuáles son los criterios empleados por los algoritmos para clasificar litigantes o identificar posibles situaciones de fraude.
El planteo adquiere especial relevancia por el volumen de procesos gestionados mediante estas herramientas.
La entidad busca determinar si los documentos, las estrategias procesales, los argumentos jurídicos y otros materiales elaborados por abogados pueden utilizarse para entrenar o perfeccionar sistemas de inteligencia artificial que posteriormente sean aprovechados por otros clientes corporativos.
La discusión se encuentra vinculada con la Ley General de Protección de Datos de Brasil (LGPD), que establece obligaciones para el tratamiento de información personal.
En este punto, el interrogante excede la relación entre abogados y empresas tecnológicas: también involucra los derechos de las personas cuyos conflictos judiciales son procesados por sistemas automatizados.
La respuesta de Enter: “No sustituimos a los abogados”
Frente a la repercusión de la demanda, Enter rechazó las acusaciones y defendió públicamente su modelo de funcionamiento.
La compañía sostuvo que desde hace meses mantiene un canal de diálogo abierto con el Consejo Federal de la Orden de Abogados de Brasil para discutir el uso ético y regulado de la inteligencia artificial en la actividad jurídica.
Al mismo tiempo, lamentó que las secciones de San Pablo y Río de Janeiro hubieran impulsado la acción judicial sin establecer previamente contacto con sus representantes.
Según la empresa, la demanda contiene información imprecisa y acusaciones carentes de fundamento.
Enter asegura que no ejerce la abogacía ni sustituye a los profesionales habilitados. Por el contrario, afirma que la conducción de los litigios, la revisión de los documentos, la definición de estrategias, la firma y la presentación de escritos judiciales permanecen íntegramente bajo responsabilidad de los abogados contratados por sus clientes.
En su explicación, la plataforma funciona como una herramienta de apoyo que organiza información, realiza análisis estadísticos, identifica posibles abusos procesales y automatiza tareas repetitivas.
La finalidad, sostiene, es liberar tiempo para que los profesionales puedan concentrarse en aquellas actividades que requieren interpretación jurídica, razonamiento estratégico y criterio humano.
La compañía también defendió sus mecanismos de seguridad informática y protección de datos.
Informó que cuenta con certificación SOC 2 y que cumple con las disposiciones de la legislación brasileña sobre privacidad.
Asimismo, aseguró que la información de sus clientes permanece segregada y no se utiliza para entrenar modelos de inteligencia artificial generativa.
Según su explicación, mantiene acuerdos de retención cero de datos (Zero Data Retention) con proveedores tecnológicos como OpenAI y Anthropic, destinados a impedir que la información procesada sea conservada para otros usos.
Un precedente que puede trascender las fronteras de Brasil
El desenlace de la demanda podría convertirse en una referencia para otros países latinoamericanos que enfrentan desafíos similares.
La expansión de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico ya no se limita a la búsqueda de antecedentes o la elaboración preliminar de documentos.
Las nuevas plataformas permiten analizar grandes volúmenes de información, estimar probabilidades de éxito, sugerir acuerdos y automatizar diferentes etapas de un proceso judicial.
Frente a esa realidad, los colegios profesionales, los tribunales y los organismos reguladores deberán definir qué actividades pueden delegarse en sistemas tecnológicos y cuáles requieren necesariamente una intervención humana sustancial.
También deberán determinar qué significa, en términos concretos, supervisar una decisión elaborada por inteligencia artificial.
¿Alcanza con que un abogado revise y firme un documento? ¿Debe intervenir desde el inicio de su elaboración? ¿Cómo se verifica que haya ejercido efectivamente su criterio profesional? ¿Quién asume las consecuencias de un error generado por el sistema?
La causa iniciada en Brasil coloca esos interrogantes en el terreno judicial.
Y aunque el litigio involucra a una empresa y a dos organizaciones profesionales, la discusión es mucho más amplia.
Lo que está en juego no es solamente cómo trabajarán los abogados en el futuro, sino hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial en una actividad donde las decisiones tienen consecuencias directas sobre los derechos de las personas.
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