En un comunicado, la Pastoral Social, Cáritas y la Pastoral Carcelaria señalaron que la reforma del Régimen Penal Juvenil profundiza la exclusión y constituye un retroceso en materia de derechos humanos. “Bajar la edad no baja el delito”, afirmaron.
La Iglesia rechazó la baja de punibilidad: “No resuelve el problema y expone a los menores a más violencia”
