El dato era certero: la “gitana” Marta Mitrovich (52) estaba en la casa de su hijastro en Castelar. Prófuga desde hacía dos meses, la Policía ejecutó la orden de allanamiento, pero no la encontraron. La mujer ya no se encontraba allí y no por casualidad. Alguien le avisó que la irían a buscar y tuvo tiempo de huir. Ahora la Justicia determinó que un comisario habría recibido dinero para filtrar la información e investigan una trama de encubrimiento ilegal.
Leonardo Ezequiel Ponte Wisto (37) está acusado de encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Es abogado y cumplía funciones dentro de la Bonaerense en la Planta de Verificación Policial del Automotor (VPA) de Ezeiza. Si bien es policía, no participaba de la investigación y no tenía por qué saber que iba a realizarse el procedimiento.
La historia empezó el 16 de enero, cuando Marta Mitcovich, María Silvia Mitrovich (78) y Nancy Marina Yovanovich (52) aparecieron en la vida de Merlín Díaz Silva (30), una joven que tenía un centro de estética en Ingeniero Budge. De alguna manera la convencieron de que tenía “una maldición” y tomaron 14 millones de pesos de ella -los ahorros de toda su vida- y se los cambiaron por dinero falso.
Al descubrirlo, la joven entró en crisis y, aunque no se conociera que tuviera antecedentes psiquiátricos, decidió quitarse la vida. Antes de hacerlo, se comunicó con sus estafadoras, pero ya habían escapado con el dinero. Dejó una carta despidiéndose de su pareja y pidiéndole perdón por lo ocurrido.
Tras el hecho, María Mitrovich se presentó ante la Justicia y solicitó, mediante su defensa, la eximición de prisión, lo que fue rechazado en primera instancia y confirmado en la Cámara de Apelaciones. Yovanovich hizo lo mismo, pero todavía sigue prófuga y no resolvieron su situación.
Por su parte, Marta Mitrovich tiene una condena previa por la estafa a un grupo de mujeres en Benavidez y su situación es más complicada. No podría evadir la cárcel.
La investigación quedó en manos de la Fiscalía N° 19 de Lomas de Zamora, a cargo de Ignacio Torrigino, quien ubicó a la sospechosa en la casa donde se ocultaba. La propiedad de Castelar pertenece a su hijastro: Favio César Márquez, conocido como “Gitano” y jugador de Boca Juniors a comienzos de los 90´.
“Dijo espontáneamente que había puesto plata para que no lo allanen”, confiaron a Clarín. Algo que luego desmintió en sede judicial.
Según pudieron determinar los investigadores, Ponte Wisto se reunió con Márquez en una estación de servicios de zona oeste. El ex futbolista se “subió muy tranquilo, con mucha confianza” justo un día antes de la fecha del allanamiento. Los acusadores creen que fue ahí que se ejecutó el plan.
El comisario estaba en su camioneta Volkswagen Amarok blanca, pero es ajeno a la investigación. Es por eso que podría haber más personal de la fuerza involucrado: Ponte Wisto puso el cuerpo y la placa al servicio de la extorsión. Pero ¿quién le informó del allanamiento para que que fuera a pedir el dinero?
Ponte Wisto, además de ser comisario, tiene un estudio jurídico: “Abogado comprometido con tus derechos. Zona oeste”, describe en su perfil de Instagram.
Por su función como Policía no puede llevar causas en el fuero penal. Por eso publicita acuerdos en la justicia de Familia o Civil y Comercial. “Trabajamos con rapidez, estrategia y resultados concretos. Si sufriste un accidente de tránsito, reclamá lo que te corresponde. Dr. Ponte Wisto Leonardo. Especialista en accidentes de tránsito”, escribió junto a la foto de una resolución judicial.
El ahora imputado se dedica a causas por siniestros viales o accidentes laborales y en sus redes comparte los montos de los acuerdos judiciales por este tipo de hechos.
En su indagatoria, Ponte Wisto se negó a declarar y si bien en un primer fue detenido, en las últimas horas lo excarcelaron ya que no tiene antecedentes penales. De todos modos, continúa imputado.
Por el momento, el fiscal Torrigino no tiene acreditado que la familia Mitrovich le hubiera dado dinero a cambio de la información, pero sí que dio datos clave para la investigación.
A su vez, en el allanamiento realizado en su casa de Ituzaingó encontraron 50 mil dólares y 20 millones de pesos, además de camionetas de alta gama y otros elementos de valor incompatibles con los ingresos declarados.
Alexander Díaz Silva (34), el hermano de Merlín, tuvo que cerrar el negocio de su hermana y vender todas sus cosas para poder pagar el alquiler. Está llevando adelante el reclamo de justicia por la muerte de su hermana y espera que “las leyes cambien” para que no haya otras víctimas. Ante la consulta de este diario, contó: “Esto es mucho más grande de lo que nosotros pensábamos. Pero vamos a seguir pidiendo justicia por mi hermana”.
“A partir del 15 de enero llegaron al local, fueron al menos tres veces y el 20 pasó todo. Mi hermana estaba trabajando mucho, tenía muchos turnos en el centro de estética y había terminado un curso para dar capacitaciones en su local. Ella siempre estaba capacitándose. Por lo que escuché en los mensajes, primero le piden un turno y se ve que ahí empezaron”, contó Alexander.
“Avisame si ya están viniendo porfa, así yo voy alistándome, ahí tengo la vela y todo eso”, le dijo la joven para coordinar lo que, se presume, fue una “limpieza”. Es que todo consistió en hacerle creer a la víctima que estaba “maldita” y que todos los problemas se debían a esta maldición y que ellas podrían ayudarlas.
En la peluquería encontraron un amuleto rojo y sospechan que eso fue lo primero. “Un día antes me dijo que estaba descansando porque había trabajado muchísimo. Tenía muchos proyectos, tenía muchas metas, somos de una familia que desde niños siempre nos gustó ganar el peso con el sudor de la frente”, recordó “Alex” sobre aquellos días.
Lo que se sabe de lo que pasó se reconstruyó a través de los mensajes de WhatsApp que encontraron en el teléfono de la víctima porque Merlín no le había contado a nadie sobre estas “limpiezas” ni sobre los engaños de las gitanas.
En las cámaras de seguridad, las mujeres quedaron registradas ingresando el 20 de enero a las 9 de la mañana. Ayudan a la dueña a sacar los carteles a la calle y una de ellas se tiñó el pelo.
Una empleada llegó a las 10 y fue entones que la víctima guió a las gitanas al fondo del local, donde funcionaban los gabinetes para tratamientos estéticos y donde las cámaras de seguridad no llegan. Prendieron la radio y subieron el volumen para que nadie escuchara nada.
Creen que ahí ocurrió la “limpieza”. Fue entonces que Merlín agarró su bicicleta, pedaleó hasta su casa y regresó 20 minutos después con una mochila: adentro estaban los ahorros de toda su vida. Luego del ritual notó que adentro del bolso en el que estaba su dinero habían colocado billetes falsos: le habían robado todo.
De acuerdo a lo que establece el Código Penal, las imputadas no podrán ser acusadas por el fallecimiento de Merlín, aunque -para su familia y según los mensajes y videos- el desenlace fatal se produjo como consecuencia directa de la estafa.
Es por eso que -aunque sean consideradas culpables- la pena que podrían recibir sería de entre 1 a 6 años. En muchos casos, este tipo de delitos se resuelven en juicios abreviados con penas de prisión en suspenso que no las llevarían a la cárcel.
AA
—
