Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner anunciaron una nueva estrategia judicial para revisar su condena en la causa Vialidad. A través de nuevas pruebas documentales, buscarán demostrar que la expresidenta no benefició de manera indebida a Lázaro Báez.
El defensor Carlos Beraldi brindó una conferencia de prensa acompañado por sus pares Rafael Valim y Javier Borrego. Los letrados confirmaron que la prioridad es presentar un recurso de revisión judicial para que “Cristina recupere la libertad y reanude su actividad política”.
Durante la exposición, el equipo mostró un informe elaborado por Specs Consultoría sobre los fondos del fideicomiso SISVIAL. El estudio concluyó que el Grupo Austral recibió apenas el 0,85% de los recursos establecidos por el decreto 54/2009 que firmó la entonces mandataria.
“Menos del 1%” para Lázaro Báez
La defensa cuestionó duramente el fallo del Tribunal Oral Federal que dictó la condena original. “Dice el tribunal que ese decreto había sido emitido con el exclusivo propósito de proveer de fondos a las obras asignadas a Báez”, relató Beraldi.
Sin embargo, los abogados afirmaron que el principal destinatario del fideicomiso fue IECSA S.A., vinculada al empresario Ángelo Calcaterra. “A Lázaro Báez se le asignó menos del 1%; es sorprendente para nosotros”, sentenció el representante legal de la expresidenta.
En esa misma línea, Beraldi insistió en que el decreto cuestionado por la Justicia fue una norma de carácter general. “Esto demuestra con un elemento concreto que lo que se había dicho en la sentencia era falso”, continuó el abogado.
El origen de las pruebas que presentan los abogados de Cristina Kirchner
El equipo defensor adelantó que todo el material será presentado ante la ONU y la Cámara Federal de Casación Penal. “Estamos en condiciones de que un tribunal avance en el análisis e incluso pueda suspender los efectos de la condena”, aseguró Beraldi.
Las nuevas pruebas surgieron tras la declaración de un funcionario de Vialidad en el juicio de los cuadernos de las coimas. “Cuando vimos eso, pedimos esa información e iniciamos una investigación”, explicó el abogado sobre la inversión nacional que superó los 2.000 millones de dólares.
Tras la conferencia de prensa, un magistrado de Comodoro Py en diálogo con Infobae desestimó la novedad del planteo. El juez remarcó que el informe nacional omite que en Santa Cruz, Lázaro Báez sí se quedó con “cerca del 85% de las obras”, recordando que el juicio se centró en esa provincia.
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