Mientras el organismo define su Plan de Mediano Plazo y se discute el futuro de sus fuentes de financiamiento, una investigadora del INTA Balcarce quedó en el centro de una controversia que ya trascendió las fronteras del organismo y enfrenta un sumario que podría terminar con su exoneración. El caso reabrió el debate sobre la libertad para investigar, comunicar resultados y producir evidencia dentro de la ciencia pública.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria atraviesa una etapa en la que varias decisiones pueden marcar su funcionamiento durante los próximos años. Mientras se trabaja en un nuevo Plan de Mediano Plazo, que contempla la definición de programas y proyectos de investigación, experimentación, extensión y desarrollo tecnológico, también persisten interrogantes sobre el financiamiento del organismo y las condiciones en las que se desarrolla la actividad científica.
En ese contexto, el caso de Virginia Aparicio, investigadora del INTA y del CONICET en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, adquirió especial repercusión durante las últimas semanas.
Aparicio es ingeniera agrónoma y doctora en Ciencias Agrarias y lleva más de 20 años trabajando en el INTA. Su trayectoria científica se concentró, entre otros temas, en la presencia, movilidad y persistencia de plaguicidas en suelos, agua, alimentos y organismos. Su producción científica incluye numerosos trabajos sobre estas cuestiones.
Del proyecto internacional al sumario
El origen del conflicto está relacionado con su participación como coordinadora argentina del proyecto SPRINT, una investigación internacional financiada por la Unión Europea que reunió instituciones de distintos países para estudiar la exposición a plaguicidas y sus posibles impactos sobre el ambiente, los animales y las personas.
Según la reconstrucción difundida por distintos medios, Argentina fue el único país sudamericano que participó del relevamiento. En el componente argentino participaron 73 personas, entre productores y habitantes de zonas rurales y urbanas, a partir de muestras destinadas a determinar la presencia de distintos plaguicidas.
El proyecto había sido aprobado institucionalmente por el INTA y, de acuerdo con el relato de Aparicio, incluso había sido presentado públicamente como parte de las actividades científicas del organismo. Sin embargo, en 2023 la conducción del instituto suspendió la presentación pública de los resultados y posteriormente puso fin a la participación argentina en la segunda etapa del proyecto.
El episodio tomó una nueva dimensión este año. Según APINTA y el abogado de la investigadora, se inició un sumario administrativo que contempla la posibilidad de su exoneración, la sanción disciplinaria más grave dentro del empleo público nacional. La información fue difundida públicamente antes de que Aparicio recibiera, según declaró ella misma, una notificación formal del expediente.
La investigadora sostiene que el conflicto está vinculado con la comunicación de los resultados obtenidos durante el proyecto.
Una científica en el centro de una discusión mayor
El caso provocó pronunciamientos de APINTA y de distintas organizaciones vinculadas con la comunidad científica y ambiental.
APINTA manifestó su preocupación por lo que calificó como una situación de «persecución, censura y silenciamiento» y defendió el derecho de los investigadores a desarrollar sus trabajos y comunicar sus resultados.
También se conocieron adhesiones de investigadores y organizaciones. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos expresó su preocupación por la eventual exoneración y recordó que el proyecto SPRINT había sido desarrollado dentro de un consorcio internacional.
En paralelo, comenzó a circular un petitorio en respaldo de Aparicio que, según los datos difundidos por sus impulsores, ya reúne miles de firmas y adhesiones de investigadores de distintos países.
El caso también tuvo repercusión en medios nacionales. Una nota de El País América Futura publicada meses atrás había recuperado el trabajo de Aparicio en investigaciones relacionadas con contaminación por plaguicidas en Pergamino, donde estudios realizados por el INTA detectaron distintos productos en muestras de agua.
¿Qué se discute cuando se discute a Aparicio?
Más allá de la situación administrativa particular —cuya resolución todavía no está definida—, el caso plantea una discusión de fondo para el sistema científico público.
¿Hasta dónde puede llegar un investigador cuando los resultados de una investigación generan controversia? ¿Qué reglas deben regir la comunicación de resultados obtenidos con respaldo institucional? ¿Y qué garantías necesita un científico para investigar, publicar y discutir evidencia, incluso cuando sus conclusiones resultan incómodas?
Son preguntas especialmente sensibles para un organismo como el INTA, cuya misión combina investigación, innovación, extensión y transferencia tecnológica al sector productivo.
El Consejo Directivo del organismo deberá resolver la situación disciplinaria. Mientras tanto, APINTA y distintas entidades reclaman que se preserve la libertad científica y las condiciones necesarias para desarrollar investigaciones con independencia.
Financiamiento y futuro institucional
El episodio se produce, además, mientras el INTA discute su planificación de mediano plazo y el esquema de recursos que permitirá sostenerla.
El organismo cuenta históricamente con dos fuentes específicas de financiamiento: el 0,45% del valor CIF de las importaciones y otro proveniente de la recaudación de la tasa de estadística, establecido por la Ley 23.664.
La eventual modificación o eliminación de estos mecanismos es seguida con preocupación por sectores vinculados al instituto, debido a que la investigación científica requiere continuidad presupuestaria y planificación de largo plazo.
