Varias organizaciones laborales, empresas y grupos sin fines de lucro presentaron este lunes una demanda contra la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, luego de que el gobierno de Donald Trump cancelara el programa Solar for All, un plan federal de 7.000 millones de dólares diseñado para facilitar el acceso a la energía solar a más de 900.000 hogares de bajos ingresos.
Los demandantes -entre ellos el sindicato Rhode Island AFL-CIO, el Rhode Island Center for Justice y la organización Solar United Neighbors- argumentan que la decisión de la administración Trump es ilegal y piden a un juez federal que ordene restablecer el programa.
El programa Solar for All formaba parte del fondo climático de 27.000 millones de dólares conocido como Greenhouse Gas Reduction Fund, establecido en 2022 bajo la presidencia de Joe Biden como parte de la Ley de Reducción de la Inflación. Su objetivo era financiar proyectos de energía limpia en comunidades con bajos ingresos y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
La EPA había adjudicado los fondos a 60 beneficiarios en distintos estados, incluidos gobiernos locales, cooperativas y organizaciones comunitarias. Según estimaciones de la propia agencia, el programa habría permitido un ahorro promedio de 400 dólares anuales por hogar en las facturas de electricidad y evitado la emisión de más de 30 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono a lo largo de su vida útil.
Pero en agosto pasado, tras la aprobación de la nueva ley fiscal y de gasto conocida como One Big Beautiful Bill (HR1), la EPA rescindió los contratos argumentando que ya no contaba con autoridad legal ni fondos disponibles para continuar. El administrador de la agencia, Lee Zeldin, calificó la iniciativa como un “boondoggle” -un despilfarro improductivo- y aseguró que el programa había sido concebido “sin supervisión ni respaldo legislativo”.
La respuesta legal y las acusaciones
La EPA había adjudicado los fondos a 60 beneficiarios en distintos estados. Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFPLas organizaciones demandantes sostienen que esa interpretación es incorrecta. En la presentación judicial, argumentan que la ley HR1 no anuló retroactivamente los fondos comprometidos ni revocó la autoridad de la EPA para administrarlos.
“Esta demanda busca restablecer un programa que fue suspendido de manera arbitraria y con graves consecuencias para las familias trabajadoras”, declaró Patrick Crowley, presidente de la Rhode Island AFL-CIO, en diálogo con AP. “La cancelación no sólo elimina empleos bien remunerados, sino que también encarece la electricidad y limita el acceso a la energía limpia en nuestras comunidades”.
La Southern Environmental Law Center (SELC) y la organización Lawyers for Good Government, que representan a los demandantes, afirman que el caso demuestra un “intento deliberado de desmantelar la política climática nacional”.
Según un análisis de la Clean Energy States Alliance (CESA), los proyectos de Solar for All podrían haber generado ahorros de entre 495 y 1.400 dólares anuales por hogar durante los próximos 20 años, además de crear decenas de miles de empleos locales en instalación, mantenimiento y manufactura solar.
El programa estaba diseñado para garantizar al menos un 20% de reducción en las facturas de electricidad de los hogares participantes, con la posibilidad de alcanzar hasta un 70% de ahorro en ciertos proyectos de energía solar comunitaria. En total, 60 proyectos estatales y territoriales estaban listos para su implementación cuando se emitieron las órdenes de cancelación.
El regreso de Trump y su “guerra contra la política climática”
Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha impulsado una agenda energética centrada en reavivar la producción de petróleo, gas y carbón. Foto: REUTERS/Kent NishimuraLa cancelación de Solar for All no es un hecho aislado. Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha impulsado una agenda energética centrada en reavivar la producción de petróleo, gas y carbón, y ha revertido numerosas políticas ambientales establecidas durante las administraciones anteriores.
En marzo, su gobierno ya había eliminado otros 20.000 millones de dólares del mismo fondo climático, destinados a bancos comunitarios y organizaciones sin fines de lucro que planeaban proyectos de eficiencia energética y adaptación al cambio climático. Aunque un juez federal dictaminó que los demandantes tenían derecho a parte de los fondos, una corte de apelaciones permitió que la administración avanzara con su eliminación.
El caso se suma a una oleada de demandas contra la administración por lo que grupos ambientalistas describen como una “guerra contra la política climática”. La semana pasada, la Casa Blanca también canceló 7.600 millones de dólares en subvenciones para proyectos de energía limpia en 16 estados, además de bloquear desarrollos eólicos marinos y revisar regulaciones sobre emisiones industriales.
Los recortes a la financiación verde coinciden con una caída histórica en la aplicación de la ley ambiental, según datos publicados por USA Today.
Durante los primeros seis meses de este segundo mandato de Trump, la administración solo presentó 14 demandas por violaciones ambientales, la cifra más baja en lo que va del siglo XXI. En su primer mandato, había iniciado 42 en el mismo período, y bajo Barack Obama esa cifra alcanzó 102.
El Departamento de Justicia también ha reducido drásticamente su división de aplicación ambiental, que pasó de más de 120 abogados a cerca de 70, según exfuncionarios. Los presupuestos de la oficina de cumplimiento de la EPA también han sido recortados en unos 200 millones de dólares desde 2011 (ajustados por inflación).
Además, un memorando interno de marzo indica que la agencia ya no considerará criterios de justicia ambiental al decidir acciones de cumplimiento. En cambio, sostiene que busca “hacer cumplir la ley de manera eficiente” y evitar medidas que “obstaculicen la producción energética”.
—
