la caída de Fernando Cerimedo como reflejo del principal temor que atormenta a Santiago Caputo

“¡Quiero ver a mis hijos! ¡Quiero ver a mis hijos!”, gritaba anegado en lágrimas mientras lo llevaban a la primera audiencia con la fiscalía. El llanto, incontrolable, mientras encapuchado y entre dos policías lo metían en un ascensor, lo llevó a acurrucarse en posición fetal cuando ya estaba dentro, tirado entre las piernas de los hombres que lo custodiaban. Cualquiera que viese la escena, desgarradora, podría haber sentido pena e incluso pensar que alguien así lejos estaba de, unas pocas horas antes, haber querido asesinar a su ex pareja y al hijo de ambos por venir, que aún crece dentro del vientre de su madre. 

Fernando Cerimedo, el mismo que clama por unos y pretendió matar a otro, es un personaje conocido en la escena política del mileísmo desde hace algunos años, y saltó a la fama por su método despiadado de despedazar a “enemigos” de su proyecto de poder. Cuando amenazaba a otros, cuando se hacía millonario gracias a ello, cuando trepó a límites insospechados de poder hasta para él mismo y que ni pudo prever cuando pocos años antes dormía la siesta en el interior del taxi que manejaba mientras esperaba pasajeros, no pensó que un día sería él a quien la taba le cayera “de culo”. Y sin embargo, sucedió: si algunas veces le dieron el premio al “empleado del mes” en esa cadena de negocios de fabricación de opinión pública de extrema derecha que lo contrató, el telegrama de despido ya le llegó.

Detrás de esa escena está la imputación por la tentativa de femicidio de Nadia Beller, su expareja, baleada la noche del 17 de agosto a la entrada del Swissôtel de Santa Cruz de la Sierra, cerca del canal Isuto. “Tengo la plena certeza de que es el autor intelectual”, dijo ella apenas pudo hablar con la prensa. Pero el caso penal, en el que cada vez hay menos dudas de que lo tiene como actor protagónico que pergeñó el crimen, es apenas la tapa corrida de esta caja de Pandora que empezó a poner el foco en zonas oscuras y peligrosas que van más allá del suceso. 

La investigación del intento de crimen echó luz sobre algunas cuestiones que en Data Clave venimos denunciando desde hace por lo menos tres años: el crecimiento de Cerimedo es parte de un conglomerado de empresas de apariencia familiar de fines y financiamiento difuso, padrinos políticos, contactos internacionales y estrategias del gobierno mileísta que convirtieron al lumpen de Cerimedo en mucho más que eso en lo que ahora, para despegarse, pretenden convertirlo: solo un asesor que ya ni está en el círculo de Javier Milei, más allá de que el presidente sea el único, y para no variar, que sigue quebrando lanzas por él como lo hizo previamente por otros caídos en la desgracia del imperio de la ley: Adorni, Spagnuolo y Espert. Cerimedo es, o fue, como Santiago Caputo, una pieza clave en el entramado de negocios, poder, dinero y política que desde Washington y Miami digitan los destinos de Latinoamérica.

Santiago Caputo siguió de cerca la caída de su ex amigo: pegado a las redes sociales a las que ambos son tan afectos, y con encendido constante de canales de noticias y de streaming, buscaba nervioso y fumando sin parar el minuto a minuto del devenir de las noticias desde una casa quinta en Parque Leloir donde se recluyó lejos de las miradas inquisitivas de la Casa Rosada y específicamente de la de Karina Milei, quien podría marcarlo como al próximo. 

Caputo necesita reforzar aquello que Cerimedo manejaba con soltura y con dinero: las granjas de bots, los trolls pagos y los influencers, en este caso de “Las fuerzas del Cielo”, a base de billetes crocantes salidos de los gastos reservados de la SIDE. Precisamente el director de “La Casa” Cristian Auguadra también tiene una casa de retiro en Parque Leloir y allí y con Caputo como vecino, el Señor 5 desde hace días proyecta qué responder cuando tenga que sentarse, este martes 25 de agosto, frente a la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia para responder las 121 preguntas amigables y preestablecidas que le harán. 

La principal preocupación de Caputo no es menor: no solo es blanco de la enemistad de la hermana presidencial, también sabe que de un modo u otro su rol de asesor sin nombramiento formal tiene fecha de caducidad: si en 2027 Milei logra la reelección, es probable que lo eyecten del círculo áulico; si el presidente no es elegido nuevamente, tendrá que desfilar por Comodoro Py. Pero hay otro temor más profundo aún que lo desvela estos días y es que desde Estados Unidos, su último bastión de resistencia, le hayan soltado la mano luego del lobby a favor de Karina que estaría haciendo su aliado de otrora, Leonardo Scatturice. Algunas veces, estos días, el pánico se apodera de Santiago Caputo cuando, al mirarse en el espejo, ve el rostro de Fernando Gabriel Cerimedo.

El poder del asesor sin firma en el gobierno boliviano de Rodrigo Paz 

Cerimedo no tenía cargo formal en el gobierno de Rodrigo Paz, pero repartía tarjetas personales que lo identificaban como “Principal Advisor to the President”, con dominio de correo de la Presidencia boliviana — el mismo objeto que después reapareció en los allanamientos como evidencia de su peso real. Entró al círculo de Paz a través del economista Jaime Dunn, cuya candidatura presidencial —que pasó por tres partidos en apenas tres meses— terminó sin ser habilitada por el Tribunal Supremo Electoral boliviano, y se afianzó con un dato personal: la hija del presidente, Catalina Paz, había sido alumna de Numen, su academia de marketing digital. De ahí en más pasó de asesorar la campaña —estrategia electoral y operación digital, codo a codo con Catalina Paz y con Luis Uriona— a intervenir en la gestión: se le atribuye participación en al menos dos decretos supremos y una ley, entre ellos el que regula el gobierno presidencial a distancia, y presencia en reuniones de gabinete sobre combustibles y tierras. El propio vicepresidente boliviano, Edmand Lara, lo puso en estos términos: “Fernando Cerimedo existió, tuvo poder y decidió en el Gobierno”. Beller fue más lejos todavía: dijo que su influencia real superaba a la del vicepresidente.

Ese peso quedó documentado, literalmente, en un mazo de tarjetas personales que la policía boliviana encontró en uno de sus domicilios de La Paz. Ahí, junto a la de “asesor principal del Presidente” —con el mail institucional asesorprincipal@presidencia.gob.bo—, había otra completamente distinta: una tarjeta negra con un logo dorado en forma de X que presentaba a Cerimedo como “Geopolitical Strategist” de un tal Axis Sovereign Group, del que no existe registro corporativo público: el único rastro es un dominio de internet, axissovereign.com, registrado pero vacío, que a la fecha solo muestra el aviso de que “este sitio todavía está en desarrollo”. 

El resto del mazo era, si se quiere, más incómodo todavía: la tarjeta de Jeff Wilson, Chief Strategy Officer del Export-Import Bank de Estados Unidos, encargado de la política exterior de la agencia en recursos naturales y financiamiento de energía y minerales críticos; la del vicealmirante Ernesto Adalid Alfaro Palma, comandante general de la Armada boliviana; y la de Nicolas Cudré-Mauroux, Chief Research and Innovation Officer de SICPA, la corporación suiza que diseña tintas de seguridad para billetes de banco y sistemas de trazabilidad de productos, condenada en 2023 por la Fiscalía General de Suiza por sobornos para conseguir contratos públicos en Sudamérica. 

Que un asesor de comunicación guarde en el mismo bolsillo las tarjetas de un banco de desarrollo estadounidense, la cúpula naval boliviana y una empresa ya condenada por corrupción no prueba, por sí solo, absolutamente nada. Pero traza un mapa de contactos que excede por completo el perfil de operador de redes — y que, dado que SICPA también provee tecnología de trazabilidad para minerales y comercio exterior, empalma de manera incómoda con la agenda de combustibles y recursos naturales en la que Cerimedo tenía injerencia dentro del gabinete de Paz.

El resto de los allanamientos fue completando el cuadro. En una vivienda de los barrios La Florida y Los Pinos, en La Paz, secuestraron un vehículo oficial, muebles con compartimentos ocultos y el teléfono que terminaría siendo la pieza central de la causa. En otra, más de 500.000 bolivianos en moneda mixta y lo que la fiscalía describió como una “minigranja de bots”: dispositivos para gestionar cuentas falsas que simulan interacciones de personas reales, algo de lo que ya alardeaba poseer en Argentina cuando concedió una de las pocas entrevistas que dio, en plena campaña presidencial de Javier Milei, cuando sus oficinas de Numen, frente a Puerto Madero, eran el reducto elegido para reuniones del candidato, financistas y hasta para grabar uno de los documentales del ahora cineasta presidencial Santiago Oría. 

Agustín Romo, hoy diputado provincial, se movía como dueño de casa y era la mano derecha de Cerimedo en la estrategia comunicacional de fake news, doxxeo de “enemigos” y viralizaciones de redes gracias a esa granja de la que presumía. Lo secundaban también los hoy funcionarios Ezequiel Acuña, y Juan Pablo Carreira, tal como también lo contamos en su momento en Data Clave y en esta otra nota.

El cuarto allanamiento —definido así por el propio fiscal Miguel Cardozo— fue en una casa de cambios internacional en el barrio de Calacoto. Para la fiscalía, ese local era el canal por el que Cerimedo recibía dinero y lo redistribuía: calculan en unos 400.000 dólares las transacciones rastreadas hasta él. Durante el operativo, el representante legal del local —Fritz Juniors Gironda Aquize, exteniente del Ejército boliviano, de nacionalidad peruana y boliviana, retirado de las Fuerzas Armadas en mayo según la propia institución militar— escapó junto a otras dos personas. Las cámaras de seguridad lo registraron saliendo con una bolsa de dinero; según Cardozo, se llevó 700.000 dólares de las cajas fuertes.

 Estuvo prófugo varias horas hasta que lo aprehendieron y lo trasladaron a la Felcc. En el mismo operativo cayeron detenidas la esposa del representante y una trabajadora del local, y se secuestraron armas de fuego y dos vehículos. La lectura de la fiscalía es que el lugar funcionaba para “realizar movimientos irregulares de dinero”, la pieza que faltaba para que el efectivo de los domicilios dejara de ser bultos sueltos y empezara a parecer un circuito.

Sobre el origen de esa plata, la explicación de la defensa cambió sobre la marcha. Primero se dijo que era dinero de un préstamo de la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, para una mudanza; la CAF lo desmintió de manera tajante: “El señor Fernando Cerimedo no ha mantenido ni mantiene ningún vínculo contractual” con la institución. Después el relato se ajustó hacia un contrato “que se estaba terminando de concretar”. Ninguna de las dos versiones cerró, y la fiscalía abrió a partir de ahí un segundo proceso por presunto enriquecimiento ilícito.

El teléfono secuestrado terminó siendo, más que cualquier otra pieza, el corazón de la causa. El Instituto de Investigaciones Forenses de la fiscalía boliviana peritó su aplicación de notas y encontró ahí el mensaje que ya circula en todos los medios: “No digas a nadie. Pero nos vendió la amiga de Enrique, ¿te acordás? La Nadia. O la eliminamos ya o estamos jodidos. ¿Conoces alguien que pueda hacer el trabajo?”, guardado el 13 de agosto, cuatro días antes del ataque. Pero en la misma carpeta de notas hay otras tres entradas que cuentan una historia paralela. 

La del 12 de agosto es una cadena alfanumérica que resultó ser una dirección real de billetera en la red Tron, activa desde enero de 2025, con más de mil transacciones acumuladas. La del 16 de agosto, un día después del ataque a Beller, dice: “Seguridad. Irrumpir a cosas. Sin seguimiento. Mineros. Negocios de torres. Martín y ministro. Fuertes inversiones”, cuatro líneas que resumen, casi como un índice, los mismos ejes que atraviesan el resto de este expediente. Y hay una tercera, del 1 de agosto, que anota una audiencia en “Sala 3” a nombre de un tal “Adrian Lerma”: el nombre más parecido en la agenda judicial boliviana de esos días es Adrián Lema Roca, de 22 años, el único aprehendido por el intento de sacar 189,5 kilos de oro de alta pureza del aeropuerto Viru Viru con destino a Dubái.

El prontuario y la empresa familiar 

Nada de esto debería sorprender a quien vino siguiendo a Cerimedo desde antes de Bolivia. Está bajo investigación del Supremo Tribunal Federal de Brasil por su rol en el intento de golpe contra Lula da Silva: un informe de 135 páginas firmado por el juez Alexandre de Moraes le adjudicó un “rol concreto” en la desestabilización, por impulsar “milicias digitales” que instalaron la narrativa de fraude electoral y por organizar, en octubre de 2022, una transmisión en vivo que reunió a 400.000 personas cuestionando el triunfo de Lula — una intervención que se citó en el Senado brasileño y que la Justicia conecta con la escalada que terminó, el 8 de enero de 2023, en el asalto a los edificios de gobierno en Brasilia. 

Antes de la política, además, tiene una condena firme: vendió el mismo departamento de Mar del Plata a dos compradores distintos entre mayo y julio de 2012, ocupándolo ilegalmente mientras fingía refacciones, y en 2016 el Juzgado Correccional N°3 de esa ciudad lo condenó a dos años y seis meses de prisión en suspenso por estafa. Entre sus credenciales declaradas —una beca de Harvard para triatlón, un “doctorado en marketing” de la Universidad de Phoenix, un paso por la campaña de Obama, un puesto en la Casa Blanca, entrenamiento con Navy SEALs— ninguna tiene registro documental. Lo que sí está confirmado es más prosaico: taxista, empleado de una fábrica de plásticos, director creativo en una agencia hasta 2018, y consultor de comunicación para Mauricio Macri, Patricia Bullrich y el diputado Fernando Iglesias antes de sumarse gratis a la campaña de Milei en febrero de 2023, tal como contamos oportunamente en Data Clave cuando nadie hablaba aún de este personaje, y menos como un estafador. 

Según AFIP, recién se registró como contribuyente en 2016 y declara apenas tres empleados en relación de dependencia, pese a que él mismo se jacta de coordinar unas treinta plataformas y alrededor de doscientas personas. Acumula once cheques rechazados desde diciembre de 2022 por 22.476.000 pesos, y aportes de campaña en efectivo fraccionados en montos irregulares — 6.186.097 pesos repartidos en trece pagos solo en la última semana de agosto de 2023.

Ese patrón de sociedades jóvenes y deuda impaga se multiplicó especialmente a partir de 2023, y siempre tuvo el mismo coautor: su pareja, Natalia Basil, que hasta noviembre de 2024 fue funcionaria de la Agencia Nacional de Discapacidad. Juntos fundaron Madero Group en agosto de 2021 —con Ezequiel Acuña, Carreira y Tomás Federico Beltrame como socios—, el paraguas societario detrás de La Derecha Diario y de otros treinta medios; y Numen Publicidad y Sondeos, que ofrece “modernización de gobierno” y debe 79,4 millones de pesos calificados “irrecuperables” desde diciembre pasado. 

Pero Basil no es un apéndice biográfico de Cerimedo: es socia fundadora de esa estructura mediática, cofundadora en 2022 de National Security Enterprise SRL —una empresa de seguridad que en 2025 terminó bajo control de Oscar Ramón Giménez, el mismo nombre que conecta con la venta de Radio Vale y con un círculo de ex agentes de la SIDE—, y quedó denunciada por presunto lavado de activos en 2023, un año antes de que el Estado la nombrara al frente de los Apoyos y Asignaciones Económicas de Andis sin que cumpliera ninguno de los tres requisitos que exige el convenio colectivo del sector para ese cargo, tal como también contamos en su momento en esta nota.

El otro nombre que se repite en las sociedades más nuevas es Vicente Federico Quintanal, socio de Cerimedo en Compañía Inversora Sudamericana y en Surlibre Inversiones, y de Basil en Patagonia Energy Holding, la empresa de energía que distintos reportes vinculan al manejo de combustible que entra a Bolivia desde la Argentina — conviene aclarar, porque el nombre genera confusión, que no tiene ninguna relación con “Patagonia Energy“, la petrolera real que opera en Neuquén y que pertenece al fondo chileno Grupo Fratelli. Basil, por su parte, fundó en octubre de 2024, apenas se fue de Andis, Australis Energy Group, de objeto minero. En noviembre de 2025 Quintanal fue designado presidente de MDZ S.A., una sociedad dedicada a servicios de atención médica domiciliaria en Buenos Aires. Basil estuvo al frente, hasta noviembre de 2024, de exactamente ese tipo de prestaciones dentro de Andis, y un año después su socio pasa a presidir una empresa del mismo rubro. Cerimedo tenía acceso directo sin nombramiento oficial alguno: entraba a la Casa Rosada con frecuencia, la última vez autorizado por Santiago Caputo.

En septiembre de 2023, en plena campaña, fue Cerimedo quien conectó a Milei con Damian Merlo, lobbista estadounidense que representa además al gobierno de Nayib Bukele en El Salvador a través de su agencia Latin America Advisory Group LLC, y terminó firmando junto a él, en representación de Numen, un memo de acuerdo con dos frentes de trabajo: evaluaciones y gestiones con la prensa estadounidense para conseguir entrevistas y columnas de opinión, y la construcción de vínculos políticos con senadores, representantes y think tanks de Washington, entre ellos la Heritage Foundation, el Center for Strategic and International Studies, el Council on Foreign Relations y el Atlantic Council. 

El trabajo era ad honorem —Merlo esperaba convertirlo en un contrato pago, como el que ya tenía con Bukele, si Milei ganaba— y el memo se inscribió en el registro de agentes extranjeros del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El acuerdo debía vencer el 10 de diciembre de ese año, día de la asunción presidencial, pero sigue vigente y como prueba está la visita de Kevin Roberts, presidente de Heritage Foundation, a Milei en Casa Rosada en marzo de 2025, la publicación, un mes después, de un informe de esa fundación sobre libertad económica a través de La Derecha Diario, el medio de Cerimedo, un encuentro del Atlantic Council en septiembre en Nueva York, y un acto en abril de 2025 en el Palacio Libertad, que Milei cedió para el cierre de esa cumbre del Atlantic Council.

El elenco estable de la ex SIDE 

Alrededor de Quintanal, una investigación de la abogada e investigadora Natalia Volosin trazó un círculo más amplio, que conecta esas sociedades con nombres históricos de la inteligencia argentina. El marido y el yerno de Silvia Majdalani —ex funcionaria de la SIDE durante el macrismo— se sumaron en 2021 y 2022 a Hollybar SA, una sociedad que terminó radicada en Tucumán 1438, piso 2, la misma dirección donde figuran Compañía Inversora Sudamericana y Surlibre Inversiones, las sociedades de Cerimedo y Quintanal. Oscar Ramón Giménez asumió como presidente de la estructura societaria detrás de Radio Vale el mismo día —1° de abril de 2026— en que el empresario Sergio Szpolski adquirió la emisora, y en paralelo pasó a controlar National Security Enterprise SRL, la empresa de seguridad que había fundado Basil. 

Ese mismo Giménez conecta el entramado con Darío Richarte y Juan José Gallea, ex secretario de Inteligencia y ex director de Finanzas de la SIDE respectivamente durante el gobierno de De la Rúa, y con Antonio “Jaime” Stiuso, el histórico jefe de inteligencia que supo definir buena parte del organigrama del espionaje argentino durante tres décadas. Ninguno de ellos figura como socio directo de Cerimedo: la conexión es de domicilios, apellidos y estructuras jurídicas compartidas, no de sociedades formales — pero alcanza para preguntarse si se trata de simple reciclaje de vehículos societarios usados por el mismo entorno, o de algo más operativo.

La analogía con Caputo y Scatturice 

La cercanía con Caputo no es un dato aislado: es la puerta de entrada a un patrón que se repite, en otra escala, del lado de dos socios políticos suyos. Mientras el círculo Cerimedo–Basil–Quintanal abría sociedades de energía y minería, Caputo movía piezas propias en el sector energético estatal: desplazó de la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina a Luis Fasanella y puso en su lugar a Alberto Lamagna, sumó al directorio a un trader ligado a La Libertad Avanza, y sacó de Dioxitek —la proveedora estatal de dióxido de uranio— a Julián 

Gadano, con la lectura de la prensa especializada de que todo apunta a “apurar” la privatización de la operadora nuclear. En paralelo, sus vecinos y financistas del country Martindale, los hermanos Juan y Patricio Neuss, compraron un tercio del grupo eléctrico Edison, pujaron por áreas de YPF en Chubut y Santa Cruz, y suenan para la Hidrovía, Metrogas, Edesur y represas del Comahue.

Del lado de Leonardo Scatturice, exespía devenido empresario y descripto por la propia prensa que lo cubrió como “amigo de Santiago Caputo”, el patrón es todavía más directo, porque a diferencia de Caputo él sí factura contratos estatales a su nombre. A través de su empresa OCP Tech sumó, solo en 2024, contratos por unos 984 millones de pesos con la agencia de recaudación aduanera, 790 millones con el Ministerio de Economía para protección de correos electrónicos, y varios cientos de millones más entre servidores, soporte técnico y sistemas de acceso — todo bajo el rubro de infraestructura crítica y ciberseguridad. 

Es el mismo Scatturice cuya empresa Tactic Global firmó, durante 2025, un contrato con la SIDE por unos diez mil dólares mensuales para actividades de enlace y lobby en Estados Unidos: un acuerdo que terminó dado de baja y que, según pudo reconstruirse, nunca llegó a pagarse — lo cual reduce el impacto económico directo pero no cierra la pregunta institucional de fondo, que es hasta qué punto un organismo de inteligencia puede tercerizar en una estructura privada tareas de lobby político internacional, y qué controles existen sobre ese tipo de operaciones.

Puesto uno al lado del otro, ninguno de los tres —Cerimedo, Caputo, Scatturice— aparece asociado directamente con los otros dos en una sociedad comercial. La conexión es estructural, no societaria: los tres orbitan el mismo centro de gravedad político y cada uno resuelve ahí una función distinta y complementaria. Cerimedo aporta la comunicación digital — trolls, campañas negativas, automatización con inteligencia artificial, capacidades que él mismo reconoció haber usado en 2023 y cuyo entorno de operadores terminó, después del triunfo electoral, conectado a áreas oficiales de comunicación bajo la órbita de Caputo. Scatturice aporta el lobby internacional y la tecnología que llegó a tocar directamente a la SIDE. 

El patrón de fondo es la tercerización de funciones sensibles: en vez de concentrar comunicación estratégica, inteligencia digital o lobby dentro de estructuras estatales controlables, esas tareas se reparten entre consultoras y operadores privados, con la ventaja obvia de la distancia formal respecto de la operación —y con cuatro preguntas cada vez más difíciles de responder: quién ordena, quién financia, qué información se usa y qué controles existen sobre los recursos y los resultados.

La sociedad con Parscale y Cerimedo como empleado de un poder mayor 

La sociedad más formal de todo el expediente, sin embargo, no es argentina: es la que Cerimedo tiene con Brad Parscale, el diseñador web de San Antonio que en 2016 pasó a manejar toda la pauta digital de la campaña de Trump —su firma facturó 94 millones de dólares en ese ciclo— y que en 2018 fue nombrado jefe de campaña para 2020, cargo del que salió en julio de ese año en medio de cuestionamientos por gastos y una crisis personal que terminó en internación. Se reinventó después como evangelista de inteligencia artificial aplicada a campañas: en enero de 2025 asumió como Chief Strategy Officer de Salem Media Group y en septiembre de ese año se registró como agente extranjero de Israel para una campaña de seis millones de dólares contra el antisemitismo en Estados Unidos, sin dejar de lado la consultoría política internacional asociada a la firma de Cerimedo. 

Parscale es dueño de dos plataformas de datos electorales, Campaign Nucleus y Eyes Over, y desde marzo de 2025 Cerimedo es su representante para toda América Latina: la comercializa en la región mientras Parscale pone la infraestructura técnica, y ambas firmas están registradas ante el FARA estadounidense, lo que le da a esta sociedad un marco legal formal en Estados Unidos aunque sus operaciones en la región sigan siendo opacas. Ya trabajó en tres campañas —Milei en 2023, Rodrigo Paz en Bolivia este año, Nasry Asfura en Honduras, con un margen final de apenas 0,74 puntos— y en las tres se repite un detalle que no es menor: después de cada triunfo, las políticas del gobierno electo terminan alineadas con los intereses previos de los clientes de Numen. En Bolivia, por ejemplo, la asunción de Paz vino acompañada de un acuerdo con el FMI, la autorización para que opere Starlink, negociaciones sobre litio y la reincorporación de la DEA al país.

Aparte de esa sociedad ya en marcha está el negocio que no se cerró: Darío Epstein —contador, expresidente de la Comisión Nacional de Valores en los noventa, fundador en 2007 de la consultora Research for Traders y hoy miembro del Consejo de Asesores Económicos de Milei— organizó en 2025 una reunión en Buenos Aires entre Cerimedo y Parscale para una inversión de este último en infraestructura de datacenters e inteligencia artificial en la Argentina, valuada entre 4,5 y 5,5 millones de dólares, que terminó cayéndose por diferencias de precio y mudándose a Paraguay. Hacia fines de ese año, además, Parscale se habría reunido con Epstein en el hotel Four Seasons de Buenos Aires, esta vez por intereses de empresas extranjeras en energía y minería.

Distinto es el caso de Tim Dunn, el magnate petrolero de Texas que vendió su empresa CrownQuest Operating a Occidental Petroleum en diciembre de 2023 por 12.400 millones de dólares y que puso cinco millones de dólares en el súper PAC de Trump “Make America Great Again Inc.”: es uno de los mayores donantes republicanos del país, con un rastro que es sobre todo texano y doméstico. La conexión con el resto del entramado es institucional: Dunn es vicepresidente de la junta directiva de la Texas Public Policy Foundation, el think tank de Austin donde Kevin Roberts —hoy presidente de Heritage Foundation, la fundación que Cerimedo ayudó a sumar a la red de contactos de Washington para Milei y cuyo titular visitó la Casa Rosada en marzo de 2025— trabajó como ejecutivo entre 2016 y 2021, justo antes de asumir al frente de Heritage.

El nombre de Jared Kushner, yerno de Trump, ex asesor senior de la Casa Blanca entre 2017 y 2021 y artífice de los Acuerdos de Abraham en Medio Oriente, aparece mencionado junto al de Parscale en la cobertura sobre el entramado de la derecha regional. Hoy maneja Affinity Partners, un fondo de inversión capitalizado sobre todo por fondos soberanos del Golfo —Arabia Saudita, Emiratos, Catar— que gestiona unos 4.600 millones de dólares, con inversiones que van de paneles solares a inmobiliarias de lujo en Serbia y Albania. Es la figura de mayor peso institucional de todo este expediente, y es, precisamente por ese peso, quien corona la estructura: por encima de todos aparece Kushner, en la cima de la trama.

Leído en conjunto, el capítulo dibuja una pirámide con roles bastante nítidos. Debajo de Kushner se ubican Parscale y Dunn: uno piensa y concreta la estructura logística y mediática —con inteligencia artificial aplicada a campañas— que después se comercializa en la región; el otro, con su peso en el entramado de fundaciones y financiamiento conservador tejido desde Texas, es quien la financiaría, de ahí la conexión entre ambos. Vistos así, Parscale y Dunn funcionan, a su vez, como una suerte de contratantes de ese servicio para América Latina. Y en la base de la pirámide, a cargo de la operación cotidiana en la región, está Cerimedo.

Las células de una misma red 

Todo este mapeo de vínculos que va desde Cerimedo y Basil, pasando por Scatturice y Caputo, hasta Parscale, Dunn y Kushner, no funciona como una organización única con organigrama. Funciona más como una red de células que operan de forma relativamente autónoma, en países y rubros distintos, pero que comparten ideología, métodos, y sobre todo los mismos puntos físicos de encuentro. El club de Donald Trump en Palm Beach, Mar-a Lago, es uno de ellos: ahí organiza su gala anual el CPAC, el mismo circuito en el que se mueve Scatturice junto a operadores trumpistas como Barry Bennett y Matt Schlapp, y ahí mismo se hizo, en febrero de 2026, la primera “Hispanic Gala” de Latino Wall Street, una plataforma de empresarios e inversores hispanos radicados en Estados Unidos. 

Ahí Fernando Cerimedo recibió el premio “Consultor Político Hispano del Año”, entregado por Eduardo Bolsonaro —hijo de Jair Bolsonaro—, que lo presentó destacando que Cerimedo “tuvo el coraje, desde la Argentina, de ayudar a Brasil denunciando el posible fraude electoral de 2022”: el mismo episodio por el que hoy está procesado en el Supremo Tribunal Federal brasileño. Lo acompañó Javier Negre, dueño de La Derecha Diario. Una segunda edición de esa gala, otra vez organizada por La Derecha Diario junto a Latino Wall Street, está prevista para el 14 de octubre en Washington, con la presencia confirmada de Javier Milei.

Que el hijo de Bolsonaro premie a Cerimedo por su rol en el fraude electoral brasileño —la misma causa que lo tiene procesado— no es un detalle protocolar: es la red validándose a sí misma en público, en el mismo club donde después se reparten contratos, se cierran sociedades y se arman las próximas campañas. No hace falta una organización formal con membresía y estatutos para que estos actores compartan objetivos. Alcanza con que exista un calendario común de eventos donde los lobistas, empresarios y operadores digitales de la nueva derecha regional se encuentran, se validan públicamente unos a otros, y salen de ahí con vínculos personales que después se traducen en contratos, sociedades comerciales o, directamente, en el ingreso de un asesor sin cargo formal a la Casa Rosada.

Cuando la Justicia boliviana detuvo a Cerimedo, lo hizo por un intento de matar a la mujer que decía amar. Todo lo demás —la casa de cambios, el fugitivo con setecientos mil dólares, la wallet cripto activa desde enero de 2025, las tarjetas de un banco estadounidense y de la Armada boliviana, la empresa de la esposa, el socio en energía y en salud, los contratos del amigo en el Estado, la sociedad con el hombre de Trump, el premio en Mar-a-Lago— no estaba en la carpeta de la fiscalía. Apareció después, y sigue apareciendo. Esa es, por ahora, la historia: no la de un femicida solitario, sino la de un eslabón que, al quebrarse, dejó ver la cadena entera.